El gobierno del Reino Unido ha propuesto una ambiciosa reforma electoral que podría marcar un punto de inflexión en la historia democrática del país. El plan incluye reducir la edad mínima para votar a 16 años, automatizar el registro electoral y fortalecer la regulación del financiamiento de campañas. La intención es clara: aumentar la participación ciudadana y reconstruir la confianza en las instituciones democráticas.
Desde el Ejecutivo se reconoce que el actual sistema electoral enfrenta una crisis de legitimidad. La vice primera ministra, Angela Rayner, ha manifestado que el debilitamiento de la confianza pública en la democracia británica es motivo de gran preocupación. En sus declaraciones públicas, Rayner subrayó la necesidad de actuar con urgencia para restaurar la fe en el proceso democrático.
El anuncio fue realizado por el gobierno liderado por el primer ministro Keir Starmer, quien ha defendido la iniciativa como una forma de reconocer los derechos cívicos de los jóvenes, a quienes considera suficientemente responsables como para participar en las decisiones políticas del país. Starmer argumentó que si los jóvenes ya trabajan y pagan impuestos, entonces deberían tener también el derecho de influir en cómo se utilizan esos recursos públicos.
La propuesta de bajar la edad de voto constituye el mayor cambio electoral en más de cinco décadas, desde que en 1969 se redujo el límite de edad de 21 a 18 años. De aprobarse en el Parlamento, esta medida igualaría los derechos de sufragio en todo el Reino Unido, ya que Escocia y Gales ya permiten votar a los jóvenes de 16 años en elecciones regionales.
Uno de los motivos principales detrás de esta propuesta es la alarmante caída en la participación electoral. En las elecciones generales de 2024, solo el 59,7% del electorado acudió a las urnas, lo que representa el nivel más bajo desde 2001. Esta tendencia ha sido interpretada por el gobierno como una señal del alejamiento de la ciudadanía, en especial de los más jóvenes, del ejercicio democrático.
Además de ampliar el derecho al voto, el plan contempla automatizar el registro electoral, eliminando barreras burocráticas que actualmente dificultan la participación. También se ampliará la lista de documentos válidos para identificarse en las urnas, incluyendo tarjetas bancarias británicas y versiones digitales de documentos oficiales como licencias de conducir.
Esta modificación se justifica en cifras alarmantes: cerca de 750.000 personas no pudieron votar en las elecciones de julio de 2024 por no tener una identificación aceptada, según la Comisión Electoral. El gobierno busca evitar que situaciones similares limiten el derecho al voto en el futuro.
Otro eje clave de la reforma se centra en endurecer las reglas de financiamiento político, con el objetivo de proteger el sistema democrático de interferencias externas. El plan incluye sanciones de hasta medio millón de libras para quienes infrinjan las nuevas normas, y establece mayor control sobre las donaciones superiores a 500 libras provenientes de entidades sin personería jurídica.
También se pretende cerrar vacíos legales que permitían a empresas fantasma financiar campañas de forma encubierta, una práctica que ha generado preocupación en años recientes por su posible uso para influenciar el resultado electoral de manera ilícita.
De aplicarse, Reino Unido se sumaría a un grupo reducido de países que permiten el voto a partir de los 16 años, como Austria, Argentina, Brasil, Ecuador y Cuba. La inclusión del Reino Unido entre estas naciones lo posicionaría como líder en modernización democrática dentro de Europa Occidental.
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