Las movilizaciones en Bolivia contra el Decreto Supremo 5.503 continúan este martes en La Paz, tras la eliminación de los subsidios a los combustibles. La medida ha generado un rechazo masivo de sindicatos y organizaciones sociales, quienes denuncian que el gobierno de Rodrigo Paz busca favorecer a corporaciones extranjeras en la explotación de recursos naturales.
La Policía Boliviana reprimió las protestas con gases lacrimógenos, lo que derivó en enfrentamientos y al menos 12 personas detenidas. Los sectores movilizados acusan al Ejecutivo de cerrar la puerta al diálogo y mantener una postura inflexible frente a las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros colectivos.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los episodios de violencia y exhortó a retomar las conversaciones. El defensor Pedro Callisaya subrayó que “el diálogo debe ser priorizado como el único mecanismo democrático y pacífico para la resolución de la conflictividad”.
La institución informó que supervisa el debido proceso de las personas arrestadas y verificó la situación médica de un profesor universitario adulto mayor, hospitalizado tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. También reportó la baja médica de Julia Copa García, participante en una huelga de hambre, diagnosticada con gastroenteritis aguda y deshidratación.
El rechazo al decreto se explica por el impacto directo en el costo de vida: transporte, alimentos y servicios básicos se encarecerán, afectando de manera desproporcionada a los sectores populares. Los sindicatos advierten que la medida profundizará las desigualdades económicas y facilitará la entrega de recursos naturales a intereses privados.
Pese a las protestas, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó derogar la norma, aunque reconoció la posibilidad de revisar algunos artículos.
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