2 DE JULIO DE 2025. Estambul fue escenario de una masiva protesta civil, congregando a más de 10 mil participantes para conmemorar los 100 días de detención del alcalde Ekrem İmamoğlu. La manifestación, que colmó la céntrica plaza de Taksim y sus alrededores, se convirtió en un potente clamor por la libertad del edil y una abierta crítica a lo que muchos consideran una politización de la justicia bajo la administración del presidente Recep Tayyip Erdoğan.
Ekrem İmamoğlu, una figura prominente de la oposición y posible contendiente presidencial, permanece detenido bajo cargos de «insulto a funcionarios públicos» y «organización de protestas no autorizadas«. Estos cargos se derivan de declaraciones y acciones relacionadas con su victoria en las elecciones municipales de 2019, que fueron anuladas y posteriormente repetidas, resultando en una nueva victoria para İmamoğlu. La oposición y numerosos observadores internacionales consideran que estos cargos son fabricados y tienen como único propósito inhabilitar políticamente al alcalde, quien representa una de las principales amenazas al dominio del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdoğan.
La relación entre la detención de İmamoğlu y la administración Erdoğan es percibida como directa y estratégica. Críticos argumentan que el gobierno utiliza el sistema judicial para silenciar disidentes y eliminar oponentes políticos antes de los próximos comicios electorales. En medio de la protesta, Özgür Özel, líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), partido al que pertenece İmamoğlu, declaró con vehemencia:
«Hoy no solo exigimos la libertad de nuestro alcalde, exigimos la libertad de la democracia turca. Este es un ataque frontal a la voluntad del pueblo de Estambul y a la pluralidad política de nuestra nación. No cederemos ante la represión».
La prolongada detención de İmamoğlu y la magnitud de las protestas subrayan las profundas tensiones políticas que atraviesa Turquía. Estas circunstancias tienen una relevancia crítica para el presente y futuro político del país. Por un lado, consolidan a İmamoğlu como un mártir político y un símbolo de resistencia para la oposición, pudiendo galvanizar un voto anti-Erdoğan en futuras elecciones.
Por otro lado, la estrategia de mano dura del gobierno de Erdoğan, si bien busca eliminar obstáculos, corre el riesgo de polarizar aún más a la sociedad y erosionar la confianza en las instituciones democráticas, presagiando un escenario político turbulento y cargado de incertidumbre.
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