En una extensa sesión atravesada por protestas sindicales y tensión política, el Senado dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, una iniciativa que modifica de forma estructural la Ley de Contrato de Trabajo y redefine el equilibrio entre empleadores y trabajadores. Aunque el oficialismo la presenta como un paso hacia la modernización y la generación de empleo formal, el contenido aprobado revela cambios profundos que reducen costos empresariales y debilitan herramientas históricas de protección laboral.
Uno de los ejes centrales es la transformación del sistema indemnizatorio. La reforma altera la base de cálculo por despido al excluir conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios, e impone un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio aplicable. En términos concretos, esto implica indemnizaciones potencialmente más bajas para el trabajador despedido, al tiempo que se habilita a las empresas a pagar sentencias judiciales en cuotas, dilatando el cobro. Además, se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con aportes patronales específicos, que buscan anticipar el costo de futuras desvinculaciones. Para sus críticos, este esquema no solo abarata y facilita el despido, sino que puede afectar la sustentabilidad del sistema previsional al modificar el destino de contribuciones.
La reforma también introduce el concepto de “salario dinámico”, permitiendo que parte de la remuneración quede atada a criterios de productividad o mérito definidos en convenios o incluso por decisión empresarial. Esta flexibilidad salarial, lejos de garantizar estabilidad, podría incrementar la discrecionalidad del empleador sobre los ingresos del trabajador. En la misma línea, se habilita la ampliación de la jornada diaria hasta 12 horas —con descanso compensatorio— y se establece un banco de horas que permite reemplazar el pago tradicional de horas extras por francos compensatorios. Para especialistas laborales, esto representa una flexibilización de la jornada que debilita la remuneración adicional por tiempo extraordinario.
En materia de conflictividad, el proyecto fija servicios mínimos del 75% en actividades esenciales y del 50% en las consideradas trascendentales durante huelgas, ampliando además el número de sectores alcanzados. La normativa exige condiciones que, según la Confederación General del Trabajo, pueden vaciar de contenido el derecho constitucional a la protesta laboral, al imponer niveles de funcionamiento que reducen el impacto de las medidas de fuerza. Asimismo, la exigencia de autorización previa del empleador para determinadas asambleas es vista como una restricción adicional a la organización sindical.
Otro punto relevante es la creación de la figura del repartidor independiente para trabajadores de plataformas digitales, estableciendo que su vínculo no constituye relación laboral. Esta definición legal consolida un esquema en el que miles de trabajadores quedarían sin acceso pleno a derechos como estabilidad, indemnización tradicional o cobertura bajo convenios colectivos, profundizando un modelo de empleo flexible y con menor protección.
En paralelo, el Gobierno impulsa programas de formalización que reducen contribuciones patronales y contemplan condonaciones de deudas por empleo no registrado. Si bien el objetivo declarado es combatir la informalidad —que supera el 40%—, la oposición sostiene que estas medidas significan premiar incumplimientos previos y reducir recursos destinados a la seguridad social.
Durante el debate, dirigentes oficialistas como Patricia Bullrich defendieron la reforma como una transformación necesaria tras décadas sin cambios estructurales. En contraste, el gobernador Axel Kicillof advirtió que modificar indemnizaciones, horas extras y vacaciones no resolverá los problemas de empleo y podría deteriorar las condiciones laborales. Desde el sector empresario, Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina, sostuvo que la iniciativa aporta previsibilidad normativa para el sector privado.
Con la media sanción obtenida, la reforma avanza hacia Diputados en un clima de fuerte polarización. Más allá del discurso oficial sobre competitividad y modernización, el texto aprobado deja planteado un interrogante central: si la reducción de costos y la ampliación de flexibilidad empresarial se traducirán en empleo de calidad o en una pérdida sostenida de derechos y garantías para los trabajadores argentinos.
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