La senadora chilena Fabiola Campillai, víctima de la violencia policial durante el estallido social de 2019, cuestionó el anuncio del presidente José Antonio Kast sobre posibles indultos a militares y carabineros condenados por violaciones a los derechos humanos.
Campillai, quien perdió la visión, el olfato y el gusto tras el impacto de una granada lacrimógena disparada por un carabinero, llamó al mandatario a respetar las decisiones judiciales. “En nombre de las familias y de todas las víctimas de violencia institucional, pedimos que se respete el Estado de derecho y las decisiones de los tribunales”, expresó la legisladora.
La parlamentaria rechazó el argumento de sectores de derecha que sostienen que los agentes actuaban cumpliendo órdenes del Estado. “Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien. Eso es un crimen y la justicia así lo dictaminó”, afirmó. El carabinero responsable de la agresión contra Campillai, Patricio Maturana, fue sentenciado a 12 años de prisión.
El plan de indultos fue planteado por Kast en una entrevista televisiva y ha generado fuerte controversia en Chile. De acuerdo con datos de la Fiscalía, las protestas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 dejaron 30 muertos y 464 víctimas con daño ocular, de las cuales 230 personas perdieron completamente la visión. Además, solo cuatro de cada 100 investigaciones terminaron en condenas.
Entre los posibles beneficiarios de un eventual indulto figura el capitán del Ejército José Faúndez, condenado a 15 años de prisión por la muerte de Romario Veloz y por causar lesiones graves a otras dos personas en la ciudad de La Serena.
Desde el gobierno, la ministra vocera Mara Sedini sostuvo que la iniciativa responde a una promesa de campaña y aseguró que el presidente revisará los casos antes de tomar una decisión.
El Partido Socialista de Chile calificó la propuesta como “inconcebible”, recordando que entre las víctimas de la represión se encuentran actuales parlamentarios como Campillai y Gustavo Gatica, quien también perdió la visión durante las protestas.
Diversas organizaciones de derechos humanos y actores de la comunidad internacional han expresado preocupación por la iniciativa, al considerar que podría representar un retroceso democrático y un riesgo de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
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