Un grupo multipartidista de legisladores estadounidenses impulsó en el Senado una resolución que pretende limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emplear al Ejército en operaciones contra Venezuela sin la autorización explícita del Congreso.
De acuerdo con los senadores que promovieron la iniciativa, la medida establece que el mandatario solo podría recurrir a las fuerzas armadas si existe una declaración formal de guerra o una autorización específica emitida por el Legislativo. Los impulsores explicaron que pretenden evitar acciones unilaterales que puedan escalar la tensión militar en el Caribe.
La resolución fue presentada por los demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Chuck Schumer, junto con el republicano Rand Paul, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar el control legislativo sobre las decisiones bélicas del Ejecutivo. Cada uno expresó preocupación por las recientes declaraciones del presidente, quien ha insinuado que su administración podría iniciar operaciones terrestres “en cualquier momento”, en el marco de los bombardeos realizados por EE.UU. contra embarcaciones señaladas como “narcolanchas”.
Estos operativos, desplegados tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental, han dejado más de 80 fallecidos, pese a que no se ha presentado evidencia concluyente de que las embarcaciones estuvieran involucradas en actividades de narcotráfico.
Aunque la nueva resolución podría someterse a votación en un plazo de diez días, iniciativas similares fueron rechazadas anteriormente debido a la falta de apoyo suficiente dentro del propio Senado.
Contexto del conflicto y reacciones internacionales
Desde agosto pasado, Washington mantiene un amplio despliegue militar frente a las costas venezolanas, justificado bajo una supuesta estrategia antidrogas. Posteriormente, se puso en marcha la operación Lanza del Sur, argumentando que su finalidad era combatir a grupos narcoterroristas y frenar el flujo de drogas hacia EE.UU.
Sin embargo, informes de organismos internacionales y agencias estadounidenses contradicen esa narrativa. La ONU y la DEA han reiterado que Venezuela no figura como vía principal del narcotráfico hacia Estados Unidos, señalando que más del 80 % de las rutas de drogas operan a través del Pacífico.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que la ofensiva militar estadounidense responde a un intento de impulsar un cambio de gobierno y apropiarse de los recursos petroleros y gasísticos del país.
A nivel internacional, las operaciones militares de EE.UU. han recibido un rechazo generalizado por parte de gobiernos como los de México, Brasil, Colombia y Rusia, así como del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Expertos en derecho internacional han calificado los bombardeos contra embarcaciones como posibles “ejecuciones extrajudiciales”, debido a la falta de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
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