El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha formalizado la sentencia de 27 años y tres meses de prisión contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. La publicación de la sentencia este miércoles marca el inicio del periodo legal para presentar apelaciones, aunque analistas judiciales consideran poco probable que prospere un recurso.
Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto, enfrenta un escenario judicial sin precedentes para un ex mandatario brasileño. Los magistrados consideraron que existió un esfuerzo deliberado por parte del ex presidente para subvertir el orden constitucional, impulsando un plan coordinado que habría incluido incluso la eliminación física de su rival político, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El fallo del Supremo también lo encontró responsable de integrar una organización criminal armada y de intentar abolir violentamente el estado democrático de derecho. Estos cargos agravan su situación legal y complican aún más cualquier posibilidad de que recupere sus derechos políticos en el corto plazo.
Por su parte, la defensa legal de Bolsonaro anunció su intención de llevar el caso ante el pleno del Tribunal Supremo, conformado por 11 jueces, aunque el ambiente jurídico no parece favorable a una reversión del fallo. La estrategia de sus abogados parece centrarse en dilatar el proceso, mientras el ex mandatario continúa negando su implicación en los hechos que se le imputan.
A nivel internacional, la noticia reverberó con fuerza, generando reacciones políticas y económicas. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump impuso un arancel del 50% a las importaciones brasileñas, justificando en parte la medida con el contexto político de Bolsonaro, a quien calificó como víctima de una persecución judicial.
El caso Bolsonaro no solo representa un capítulo crítico para la historia democrática de Brasil, sino que también envía un mensaje claro sobre la intransigencia institucional ante cualquier intento de subvertir la democracia. Esta condena formaliza uno de los procesos judiciales más significativos en la historia política reciente de América Latina.
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