El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este martes lo que calificó como una “agresión armada ilegal y de carácter terrorista” por parte de Estados Unidos, tras el operativo militar que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y su posterior traslado a territorio estadounidense.
Durante un acto oficial en el que se notificó la instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, Saab afirmó que los hechos ocurridos el pasado 3 de enero colocan al mundo “a las puertas de la agonía del derecho internacional”, al vulnerarse principios fundamentales reconocidos de manera universal.
El fiscal subrayó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la inmunidad del presidente, no como una prerrogativa individual, sino como un principio de rango constitucional y de derecho internacional. Recordó que, conforme al derecho internacional consuetudinario y a criterios ratificados por la Corte Internacional de Justicia, los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta, lo que les impide ser arrestados o juzgados por tribunales extranjeros.
En ese sentido, Saab calificó la captura de Maduro como una “extracción forzosa” que jurídicamente constituye un secuestro internacional y una privación ilegítima de la libertad, por lo que exigió la liberación inmediata y sin condiciones del mandatario venezolano y de su esposa.
El funcionario se dirigió directamente al juez estadounidense Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso por narcoterrorismo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, a quien pidió reconocer la falta de jurisdicción para enjuiciar a un presidente en funciones protegido por inmunidad diplomática. Saab calificó la detención como “totalmente nula y violatoria del derecho internacional”.
Tras la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela. En el ámbito internacional, varios países, entre ellos Rusia, exigieron la liberación del mandatario y repudiaron la intervención, reiterando que Venezuela debe decidir su destino sin injerencias externas.
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