La exclusión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) marca un giro en la relación bilateral con Estados Unidos, en un contexto de reconfiguración política y diplomática tras meses de tensión.
La medida, oficializada por el Departamento del Tesoro estadounidense, implica el levantamiento de restricciones financieras que impedían a entidades de ese país realizar transacciones con la mandataria, además del desbloqueo de activos bajo su jurisdicción.
Rodríguez calificó la decisión como un avance hacia la normalización de relaciones y expresó: “Confiamos en que este paso permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país”, al tiempo que planteó la necesidad de construir una agenda de cooperación bilateral.
Este movimiento se produce después del restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares el pasado 5 de marzo, cuando el Gobierno estadounidense reconoció formalmente a Rodríguez como autoridad legítima de Venezuela ante tribunales federales.
De acuerdo con documentos oficiales, la administración encabezada por Donald Trump notificó al sistema judicial que se avanzaba hacia la “normalización de las relaciones con Venezuela bajo la presidencia interina”, consolidando un cambio en su política exterior hacia Caracas.
El proceso ocurre tras un episodio crítico: el ataque militar estadounidense del 3 de enero en territorio venezolano, que dejó más de 100 personas fallecidas y derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, hecho que tensó aún más el escenario internacional.
En paralelo, autoridades estadounidenses anunciaron el reinicio de operaciones de su embajada en Caracas tras siete años, mientras ambos países negocian el desbloqueo de recursos venezolanos y acuerdos en materia energética, particularmente la comercialización de crudo.
En el ámbito internacional, la Unión Europea también evalúa flexibilizar sanciones. La alta representante Kaja Kallas adelantó una propuesta en ese sentido, respaldada por España, en respuesta a gestos políticos como la Ley de Amnistía y la liberación de ciudadanos europeos.
La actual administración venezolana ha centrado su política exterior en el cese de medidas coercitivas unilaterales y la defensa de la soberanía, buscando traducir el reconocimiento internacional en acciones concretas que permitan reactivar la economía y estabilizar el país.
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