Una jueza federal en Boston prohibió de forma permanente que el gobierno de Donald Trump implemente buena parte de su primera orden ejecutiva en materia electoral, con la que buscaba imponer nuevos requisitos para el registro de votantes. El fallo representa un nuevo freno judicial a la ofensiva de la Casa Blanca para intervenir en reglas electorales que, según la Constitución estadounidense, corresponden a los estados y al Congreso, no al Poder Ejecutivo.
La decisión fue emitida por la jueza Denise Casper, del Tribunal Federal de Distrito en Boston, quien ya había bloqueado temporalmente varias disposiciones de la orden el año pasado. Con este nuevo fallo, la suspensión provisional se convierte en una prohibición permanente, lo que limita los intentos del gobierno estadounidense de modificar por decreto aspectos centrales del registro electoral y del conteo de votos.
La orden impulsada por Trump pretendía exigir que las personas presentaran documentos para acreditar ciudadanía al momento de registrarse para votar. También buscaba impedir el conteo de boletas enviadas por correo que llegaran después del día de la elección, incluso si tenían matasellos dentro del plazo, además de castigar a los estados que no cumplieran con la retención de ciertos fondos federales.
El gobierno estadounidense intentó argumentar que la demanda era prematura porque las nuevas reglas aún no se habían aplicado. La jueza rechazó esa postura y coincidió con los fiscales generales demócratas que impugnaron la medida, al señalar que la orden rebasaba las facultades presidenciales y vulneraba la separación de poderes establecida en el sistema constitucional de Estados Unidos.
El fallo también exhibe los límites legales de una agenda que, bajo el discurso de proteger la integridad electoral, ha sido cuestionada por organizaciones y autoridades demócratas por abrir la puerta a mayores obstáculos para el voto. La ofensiva de la Casa Blanca vuelve a quedar bajo sospecha por intentar convertir una narrativa de fraude en herramientas de control político sobre los procesos electorales.
Aunque la decisión representa una derrota importante para el gobierno de Trump, la disputa electoral en Estados Unidos seguirá abierta, pues sectores republicanos mantienen el impulso de reformas similares desde el Congreso. El revés judicial confirma que la Casa Blanca no tiene todo bajo control y que sus intentos de endurecer las reglas electorales enfrentan contrapesos institucionales, demandas estatales y resistencias políticas cada vez más visibles.
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