El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y ordenó su liberación inmediata, tras casi cinco años de encarcelamiento por el caso conocido como “golpe de Estado II”. La decisión, adoptada por siete votos a favor y dos en contra, marca un giro drástico en el caso.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, justificó la medida señalando que se detectaron “vulneraciones al ordenamiento legal y al debido proceso”, lo que habría afectado los derechos de la exmandataria. Según el tribunal, la condena dictada en 2022 fue “nula de pleno derecho”, y debía haberse seguido un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa, en lugar de un juicio ordinario.
Áñez, quien asumió la presidencia tras la renuncia forzada de Evo Morales en 2019, fue señalada por sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) como la figura central de un golpe de Estado impulsado por la derecha y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para sus seguidores y parte de la oposición, fue una transición constitucional que evitó un vacío de poder.
Desde su detención en 2021, Áñez se convirtió en un símbolo de la polarización boliviana: para unos, una presa política del masismo; para otros, la responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante los enfrentamientos de Sacaba y Senkata, donde decenas de manifestantes perdieron la vida. Aunque esos procesos aún siguen abiertos, la anulación de la sentencia en el caso “Golpe II” podría sentar un precedente que debilite los intentos de rendición de cuentas por los sucesos de 2019. ¿Se trata de un acto de justicia o de una concesión política en un contexto de reacomodos dentro del poder judicial y el oficialismo?
El fallo a favor de Áñez no solo reactiva el debate sobre la legitimidad de su gobierno interino, sino también sobre la independencia del sistema judicial en Bolivia, un país donde los tribunales han sido frecuentemente acusados de actuar bajo intereses partidarios. Mientras tanto, Evo Morales —quien aún denuncia un golpe en su contra— calificó la decisión como “una afrenta a la memoria de las víctimas de 2019” y advirtió que “la impunidad se está institucionalizando”.
Áñez recuperará su libertad, pero el país sigue atrapado en un ciclo de justicia selectiva. Lo que el TSJ llama “corrección de vulneraciones procesales” podría, para muchos bolivianos, parecer una nueva forma de impunidad disfrazada de legalidad.
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