Un centenar de soldados de la Guardia Nacional de Texas arribaron este martes a Illinois, en la primera señal visible del plan del presidente Donald Trump para enviar tropas a la zona de Chicago, pese a la firme oposición de autoridades demócratas y una demanda judicial en curso.
De acuerdo con la agencia Associated Press, personal militar con el parche de la Guardia Nacional de Texas fue visto en el Centro de Reserva del Ejército de Estados Unidos, en Elwood, a unos 88 kilómetros al suroeste de Chicago. Un día antes, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, publicó una fotografía en redes sociales donde se observaba a los uniformados abordando un avión, sin especificar el destino.
El gobierno de Illinois, encabezado por el demócrata JB Pritzker, no ha emitido comentarios sobre la llegada de las tropas. Sin embargo, el mandatario estatal había anticipado que la Guardia Nacional local sería activada junto con 400 elementos provenientes de Texas. Pritzker acusó al presidente Trump de utilizar a las fuerzas armadas como “accesorios políticos” y “peones” en su agenda de confrontación.
Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, denunció la falta de comunicación por parte del gobierno federal. “Eso es lo que hace tan difícil este momento: tenemos un gobierno que se niega a cooperar con una autoridad local”, afirmó.
Escalada legal y política
El lunes, Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda para frenar el despliegue, argumentando que constituye una “guerra ilegal y peligrosa” contra el estado. Un juez federal dio dos días al gobierno de Trump para responder y fijó una audiencia para el jueves.
La intención de Trump de movilizar tropas en suelo estadounidense, incluso sin el consentimiento de los estados, ha provocado choques con otros gobernadores demócratas. En Oregon, un juez bloqueó recientemente un despliegue similar en la ciudad de Portland.
El presidente ha justificado sus acciones argumentando que varias urbes “están devastadas por el crimen y la falta de ley”, y ha reiterado su disposición a invocar la Ley de Insurrección, que permite al Ejecutivo usar al Ejército para restablecer el orden cuando los gobiernos locales “desafían la ley federal”. “Si tuviera que promulgarla, lo haría”, dijo Trump el lunes.
Preocupación en comunidades migrantes
En Chicago, la presencia de agentes federales de inmigración y de la Patrulla Fronteriza realizando detenciones cerca de zonas emblemáticas ha aumentado la preocupación de residentes, especialmente en barrios con alta población latina.
Como respuesta, el alcalde Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las agencias federales usar propiedades de la ciudad —como estacionamientos o lotes vacíos— para operaciones de control migratorio.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois también interpuso una demanda contra el gobierno federal, acusándolo de ejercer violencia contra manifestantes pacíficos y periodistas durante protestas frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview.
Aunque la Casa Blanca argumenta que la intervención militar busca frenar el crimen, los datos oficiales contradicen esa narrativa. En Chicago, los homicidios se redujeron 31% hasta agosto, y en Portland cayeron 51% durante el primer semestre del año, según cifras policiales.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha ordenado o planteado el envío de tropas a al menos diez ciudades, incluidas Baltimore, Nueva Orleans, Memphis, y las californianas Oakland, San Francisco y Los Ángeles. En septiembre, un juez federal determinó que el despliegue previo de la Guardia Nacional en Los Ángeles, durante protestas por redadas migratorias, violó “deliberadamente” la ley federal.
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