El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está dispuesto a invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas federales en ciudades gobernadas por demócratas, como respuesta a lo que él describe como un creciente desorden e inseguridad urbana.
El anuncio llega en un contexto de conflicto legal entre la Casa Blanca y autoridades estatales de Illinois y Oregón, quienes buscan frenar judicialmente el envío de la Guardia Nacional a ciudades como Chicago y Portland. En ambos casos, jueces federales han intervenido para suspender temporalmente los despliegues ordenados por el Ejecutivo.
Trump ha señalado que, si los tribunales o los líderes locales impiden su capacidad de actuar para proteger a la población, no dudará en hacer uso de los poderes especiales que le otorga la Ley de Insurrección, una norma que permite al presidente intervenir militarmente sin autorización estatal.
Generalmente, la Guardia Nacional responde a los gobernadores de cada estado, salvo en situaciones donde es federalizada por el presidente, como ha ocurrido recientemente pese a objeciones locales. Esta acción ha despertado fuertes críticas y una ola de demandas, que cuestionan la legalidad y legitimidad del proceder presidencial.
Los detractores de esta política aseguran que Trump está utilizando herramientas legales excepcionales como parte de una estrategia para militarizar los conflictos políticos, particularmente en zonas donde la oposición demócrata tiene mayor presencia. Además, se ha denunciado que el gobierno federal ha distorsionado las protestas pacíficas, tratándolas como amenazas para justificar el uso de la fuerza.
Durante una reunión reciente con altos mandos del ejército, Trump sugirió que las ciudades podrían servir como campo de entrenamiento para las tropas, afirmando que el país enfrenta una “invasión desde dentro”. Esta afirmación ha generado gran controversia entre constitucionalistas y líderes locales.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha acusado al presidente de fomentar el caos y manipular la percepción pública, al presentar a manifestantes y migrantes como amenazas que justifican acciones extremas. Según Pritzker, estas medidas representan un riesgo directo al sistema democrático y a la separación de poderes en Estados Unidos.
En Chicago, la jueza federal April Perry se encuentra analizando una demanda presentada por el estado contra el despliegue militar. Aunque aún no ha tomado medidas cautelares, su decisión podría convertirse en un precedente clave en el enfrentamiento entre el poder federal y los estados.
El conflicto continúa escalando y promete tener implicaciones profundas tanto en el plano judicial como en el político, con posibles efectos a largo plazo sobre el modelo de gobernanza federal en el país.
Foto: Redes
