En una declaración publicada el 6 de enero en su red Truth Social, Donald Trump anunció que Estados Unidos recibirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, producto de un acuerdo con las autoridades interinas del país sudamericano. El mandatario aseguró que se trata de crudo “de alta calidad” y que, pese a estar sancionado, será vendido a precio de mercado.
Lo que ha generado inquietud es que Trump afirmó que él mismo controlará los ingresos generados por esta operación, con el argumento de que los recursos serán destinados “al beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”. Esta afirmación, que centraliza el manejo de fondos públicos en una figura presidencial, ha sido vista por analistas como un gesto de concentración de poder y opacidad institucional.
El presidente también indicó que el secretario de Energía, Chris Wright, será el encargado de ejecutar el plan, que contempla el transporte del petróleo en buques de almacenamiento hacia puertos estadounidenses. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre los mecanismos de fiscalización ni sobre el destino específico de los recursos.
La operación ocurre en un contexto de sanciones internacionales contra Venezuela, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad y legitimidad del acuerdo, así como sobre el papel que juega Estados Unidos en la administración de bienes estratégicos de otro país.
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