El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al Pentágono preparar a la Guardia Nacional para enfrentar posibles disturbios civiles, ampliando su participación en tareas de seguridad pública. La decisión, formalizada mediante una orden ejecutiva, instruye al Departamento de Defensa a garantizar que cada Estado cuente con un número suficiente de soldados listos para movilizarse rápidamente en caso de alteraciones del orden.
Según el documento oficial, los efectivos deberán estar entrenados para actuar en situaciones de emergencia como disturbios, protestas o picos de criminalidad. Además, cada Estado deberá conformar grupos de intervención rápida capaces de actuar en otras jurisdicciones si es necesario. Particularmente en la capital, Washington D.C., la orden establece la creación de unidades específicas dedicadas a la seguridad pública, lo que refuerza el enfoque del Gobierno federal sobre esta ciudad.
La Guardia Nacional es un cuerpo militar compuesto por civiles, que presta servicios de defensa interna algunos días al mes, pero puede ser activado por el Ejecutivo federal en situaciones de crisis. Esta estructura ya cuenta con una capacidad de despliegue en menos de 24 horas, que podría ampliarse si el contexto lo exige.
La medida llega en un momento en que Trump ha dirigido su atención a ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, Nueva York y Baltimore, a las que ha señalado como zonas de alta criminalidad. Aunque no confirmó si habrá un despliegue inmediato en estas urbes, el presidente dejó entrever que no descarta intervenir directamente, incluso sin solicitud previa de los gobiernos locales.
La capital ya ha sido escenario de este nuevo enfoque: unos 800 soldados fueron desplegados recientemente en Washington D.C., principalmente para resguardar zonas turísticas y estaciones de metro. Este contingente se ha incrementado significativamente con el envío de tropas desde otros Estados. Inicialmente sin armas, los militares comenzaron a estar armados desde el domingo por la noche.
Trump ha defendido que sus acciones han reducido la delincuencia en la capital, afirmando que no se han registrado homicidios en dos semanas, algo que no ha sido respaldado por los datos disponibles, ya que en lo que va del año se han registrado periodos similares sin asesinatos, incluso antes de esta intervención.
Además de esta orden, el mandatario firmó una medida que prohíbe la libertad bajo fianza sin costo, una práctica adoptada en varias ciudades y Estados. Para la Casa Blanca, eliminar el requisito de un pago mínimo desincentiva la comparecencia de los acusados ante los tribunales y podría facilitar la reincidencia. Sin embargo, los defensores de esta política argumentan que evita cargar económicamente a personas sin recursos, garantizando así un acceso más equitativo a la justicia.
Con estas acciones, el presidente refuerza su narrativa de mano dura frente al crimen, en un contexto político donde las tensiones entre el Gobierno federal y las administraciones locales, especialmente las de oposición, siguen escalando.
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