El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente un fallo judicial que obliga a su Administración a garantizar el financiamiento completo del programa de asistencia alimentaria SNAP durante el prolongado cierre del Gobierno federal, el más largo en la historia del país con 37 días.
En una reciente aparición pública en la Casa Blanca, Trump expresó su rechazo al fallo judicial, argumentando que resulta inapropiado que un juez dicte cómo debe actuar la Administración en medio de la paralización gubernamental provocada por los demócratas. El mandatario insistió en que su equipo procurará mantener los servicios esenciales, mientras la oposición política no apruebe la reapertura del Gobierno.
El programa SNAP, que beneficia en promedio a 41.7 millones de estadounidenses cada mes, incluyendo a más de 10 millones de latinos y comerciantes de comunidades minoritarias, se quedó sin fondos desde hace una semana debido al cierre. Este programa representa cerca del 12% de la población estadounidense y es fundamental para garantizar la alimentación de familias vulnerables.
El juez federal John McConnell, de Rhode Island, rechazó el plan de Trump para financiar parcialmente el SNAP y criticó que la Administración no hubiera seguido su orden anterior, que exigía utilizar fondos de emergencia para cubrir el programa.
A pesar de la orden judicial, Trump dejó claro en sus redes sociales que la entrega de ayudas dependerá de la voluntad de los demócratas para reabrir el Gobierno, reforzando su postura de responsabilizar al partido opositor por el estancamiento.
El cierre también tiene repercusiones económicas y logísticas significativas: la aviación comercial y de carga se verá afectada, con una reducción inicial del 4% en la capacidad de 40 aeropuertos importantes, que podría incrementarse hasta el 10% si el Senado no alcanza un acuerdo de financiamiento temporal la próxima semana.
La situación expone la tensión entre la Administración y el poder judicial, mientras millones de estadounidenses enfrentan incertidumbre sobre su acceso a alimentos básicos y servicios esenciales.
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