El presidente Donald Trump notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra formalmente en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga, los cuales su administración ha clasificado como organizaciones terroristas. De acuerdo con un aviso confidencial citado por The New York Times, esta determinación otorga al mandatario poderes de guerra extraordinarios frente a grupos criminales, incluidos ataques letales y detenciones indefinidas sin juicio.
El documento, entregado esta semana a diversos comités legislativos, busca sustentar la legalidad de tres operativos militares recientes en el Caribe, en los que murieron 17 personas a bordo de embarcaciones señaladas de traficar drogas. Según la Casa Blanca, se trató de acciones de “defensa propia” bajo el marco de las leyes de guerra.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que Trump actuó para “proteger a nuestro país de aquellos que intentan traer veneno mortal a nuestras costas” y que el presidente está cumpliendo su promesa de enfrentar a los cárteles como una amenaza directa a la seguridad nacional.
Especialistas en derecho internacional alertaron que esta interpretación estira de manera riesgosa los límites jurídicos. Geoffrey S. Corn, exasesor legal del Ejército, calificó la medida como un “abuso” que cruza una línea crítica en materia de derecho de los conflictos armados, al equiparar a cárteles del narcotráfico con actores insurgentes que libran hostilidades contra un Estado.
Expertos citados por el diario recordaron que, a diferencia de Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 —cuando un fallo de la Suprema Corte validó la existencia de una “guerra real”—, los cárteles no han protagonizado ataques armados contra territorio estadounidense, sino que comercializan drogas que generan un severo problema de salud pública.
La calificación del narcotráfico como un “conflicto armado” permitiría al Ejecutivo usar tribunales militares contra presuntos contrabandistas, mantener detenidos sin juicio y autorizar operaciones militares sin necesidad de aprobación explícita del Congreso.
Juristas advierten que este precedente abre la puerta a que la lucha contra los cárteles sea tratada bajo una lógica de guerra más que de cooperación judicial y policial, lo que podría tener consecuencias para la relación de Estados Unidos con países de América Latina y para el debate interno sobre los límites de los poderes presidenciales en tiempos de paz.
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