A pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración Trump mantiene firme la continuidad de las redadas migratorias en todo el país. Tom Homan, encargado de la frontera en el gobierno, dejó claro que, aunque los agentes de ICE no recibirán su pago de manera inmediata, seguirán ejecutando la política migratoria de mano dura promovida por Trump, resaltando la importancia de la seguridad fronteriza y el alto número de arrestos y deportaciones.
La decisión de continuar con las operaciones ocurre en un contexto político tenso. El Senado estadounidense no logró aprobar un proyecto republicano para financiar al DHS hasta septiembre, luego de que la mayoría de los demócratas bloqueara la iniciativa al considerar que no ofrecía suficientes límites a las acciones del ICE, las cuales han generado protestas e incluso incidentes que derivaron en la muerte de dos ciudadanos en Mineápolis.
El receso legislativo programado en ambas cámaras, que permanecen bajo control republicano, podría extender el cierre parcial de la agencia, afectando a una entidad que emplea a más de 270.000 personas, aunque más del 90 % seguirá operativa durante este periodo.
Esta paralización parcial afecta únicamente a las agencias bajo el paraguas del DHS, incluyendo al ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la TSA, la Guardia Costera, el Servicio Secreto y FEMA, entre otras. El ICE continúa siendo el rostro más visible de las estrictas políticas antimigratorias, especialmente en ciudades de mayoría demócrata como Mineápolis, Chicago y Los Ángeles.
Pese al enfrentamiento político entre demócratas y republicanos, la asignación de fondos a través de la ley presupuestaria permite a la secretaria del DHS, Kristi Noem, redirigir recursos para asegurar la continuidad de las operaciones migratorias.
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