El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una Junta de Paz para Gaza que, bajo el discurso de estabilización y reconstrucción, centraliza el control político y financiero en la Casa Blanca y plantea dudas sobre su legitimidad internacional.
El nuevo organismo, presentado como una alternativa “más eficaz” a los mecanismos multilaterales tradicionales, nace con el respaldo formal del Consejo de Seguridad, pero con una estructura que reduce el papel de la ONU y otorga a Trump autoridad casi absoluta sobre las decisiones, la admisión de miembros y la duración de los mandatos.
La Junta será presidida por el propio mandatario estadounidense y contará con una Junta Ejecutiva dominada por aliados políticos, asesores personales y figuras del sector financiero, entre ellos Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner y el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, una composición que ha despertado señalamientos por posibles conflictos de interés.
Estados Unidos ha comenzado a invitar selectivamente a gobiernos afines para integrarse como miembros fundadores. Presidentes de América Latina, Medio Oriente y otras regiones confirmaron haber recibido cartas formales, lo que refuerza la percepción de que la Junta funcionará como un club político alineado con la agenda de Washington, más que como un organismo verdaderamente multilateral.
El aspecto más controvertido del proyecto es la exigencia de una membresía mínima de mil millones de dólares, una condición que vincula la influencia diplomática con la capacidad económica. Los estatutos preliminares establecen además que los países que aporten más recursos podrán asegurar una permanencia indefinida, creando miembros de primera y segunda categoría dentro del órgano.
Los borradores también indican que Trump tendrá la facultad exclusiva de aprobar o vetar resoluciones, incluso aquellas avaladas por votación, lo que concentra el poder decisorio en una sola figura y limita cualquier contrapeso institucional.
La presentación de la Junta coincide con el inicio de la segunda fase del plan estadounidense para Gaza, que contempla la imposición de un gobierno tecnócrata y el desarme de Hamás, decisiones que no han surgido de un proceso consultivo amplio con la población palestina y que podrían profundizar tensiones en la región.
Desde el ámbito internacional, funcionarios de la ONU y gobiernos aliados han expresado preocupación por la legalidad del organismo y por el riesgo de que socave el rol del Consejo de Seguridad, sustituyendo el consenso multilateral por una lógica de poder y financiamiento.
Aunque la Casa Blanca defiende la iniciativa como una herramienta pragmática para la paz, la falta de transparencia sobre el destino de los recursos, el funcionamiento interno y los criterios de decisión alimenta las críticas y refuerza la percepción de que la Junta de Paz responde más a los intereses estratégicos de Estados Unidos que a una solución equitativa y duradera para Gaza.
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