El Gobierno de Donald Trump abrió la puerta para que petroleras estadounidenses recuperen activos confiscados en Venezuela, siempre y cuando acepten invertir de inmediato en la reconstrucción de la industria petrolera, actualmente severamente deteriorada, de acuerdo con información difundida por el medio Político.
Fuentes cercanas a la Casa Blanca explicaron que funcionarios estadounidenses han sostenido conversaciones recientes con ejecutivos del sector energético, a quienes se les planteó que la compensación por bienes expropiados estaría vinculada a un retorno operativo al país sudamericano y a una inversión significativa en infraestructura.
De acuerdo con personas relacionadas con estas negociaciones, la propuesta ha estado activa durante al menos los últimos diez días, aunque enfrenta importantes obstáculos técnicos y financieros. El estado de las instalaciones petroleras venezolanas es tan crítico que resulta difícil estimar los costos y tiempos necesarios para reactivarlas, lo que genera dudas entre las compañías interesadas.
Durante una comparecencia desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump manifestó su intención de involucrar a las mayores petroleras estadounidenses en la recuperación del sector energético venezolano, con la promesa de inyectar miles de millones de dólares para poner nuevamente en marcha la producción de crudo.
El mandatario reconoció que la industria petrolera del país se encuentra en condiciones precarias, pero sostuvo que su objetivo es que Venezuela vuelva a generar ingresos, pese a que el país enfrenta una compleja transición política tras la captura de Nicolás Maduro.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300 mil millones de barriles, lo que representa cerca del 17 % del total global, según datos oficiales del sector energético estadounidense. Actualmente, Chevron es la única gran petrolera de Estados Unidos que mantiene operaciones en territorio venezolano.
Sin embargo, el bajo precio internacional del petróleo y la incertidumbre política generan escepticismo sobre la viabilidad del plan. Analistas del sector advierten que las empresas necesitarían garantías claras de estabilidad jurídica y retorno de inversión, especialmente en un contexto donde el barril estadounidense ronda mínimos no vistos desde el fin de la pandemia.
En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, negó la presencia permanente de tropas estadounidenses en Venezuela, aclarando que la reciente incursión militar tuvo un carácter puntual y estuvo limitada a la operación que culminó con la detención de Maduro.
Rubio subrayó que Washington continuará presionando a Caracas para forzar cambios estructurales, y dejó claro que Estados Unidos influirá en la dirección política y de seguridad del país durante el periodo posterior al chavismo, priorizando sus propios intereses estratégicos y económicos en la región.
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