El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus reservas durante años, una declaración que expone una visión abiertamente intervencionista y reduce la soberanía venezolana a un cálculo económico.
En una entrevista, Trump sostuvo que la supervisión estadounidense sobre Venezuela no tiene un plazo definido y que la explotación del petróleo sería el eje de una supuesta “reconstrucción rentable”. Bajo ese planteamiento, Estados Unidos usaría el crudo venezolano para incidir en los precios internacionales, al tiempo que administraría los ingresos, con el argumento de beneficiar a ambos países. No precisó fechas para elecciones ni condiciones claras para devolver el control político pleno a los venezolanos.
Estas declaraciones se produjeron después de que funcionarios de su administración informaran que Washington planea asumir de manera indefinida el control de la venta del petróleo venezolano, como parte de un plan en tres fases expuesto ante el Congreso por el secretario de Estado, Marco Rubio. El eje del plan es la comercialización del crudo, no la normalización institucional del país.
Trump también evitó explicar por qué reconoció como mandataria interina a Delcy Rodríguez, en lugar de respaldar a la líder opositora María Corina Machado. Se limitó a señalar que existe comunicación constante entre Washington y el gobierno interino, una afirmación que refuerza la percepción de tutela política.
Durante la misma entrevista, el mandatario interrumpió para atender una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro. Tras la conversación —presenciada por periodistas bajo condición de no grabar—, Trump sugirió que la captura de Nicolás Maduro habría intimidado a otros líderes regionales, lo que normaliza la idea de la fuerza como instrumento de alineamiento político. A la llamada se sumaron el vicepresidente J.D. Vance y Rubio.
Lo más relevante: Trump plantea gobernar Venezuela sin plazo, controlar su petróleo de forma indefinida y pospone cualquier compromiso electoral, consolidando una lógica de administración externa de recursos que prioriza intereses energéticos sobre la autodeterminación.
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