El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó libre del último proceso penal que tenía abierto tras su regreso al poder. Un juez de Georgia desestimó definitivamente el caso por presunta interferencia electoral en ese estado durante los comicios de 2020, argumentando que las acusaciones “caen en jurisdicción federal” y que el procesamiento de un mandatario en funciones en sede estatal es “prácticamente inviable”.
La decisión fue solicitada por el fiscal Pete Skandalakis, director del Consejo de Fiscales de Georgia, quien presentó un escrito de 23 páginas en el que sostuvo que mantener la causa sería improductivo y carecería de viabilidad jurídica. El juez Scott McAfee acogió la solicitud y ordenó el archivo del expediente.
La caída del caso que abrió la mayor batalla legal contra Trump
El proceso había sido iniciado en 2023 por la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, quien acusó a Trump y a otras 18 personas —entre ellas Rudy Giuliani— de intentar revertir el resultado electoral de 2020 en Georgia. El fiscalismo estatal argumentó que hubo presión hacia funcionarios para “encontrar 11 mil 780 votos” que permitieran revertir la derrota frente a Joe Biden, quien ganó ese estado por dos décimas porcentuales.
La acusación se sustentaba en la ley RICO de asociación delictiva —generalmente utilizada para perseguir crimen organizado— y había convertido el caso georgiano en uno de los expedientes penales más mediáticos del país. Incluso obligó a Trump a acudir a una cárcel de Atlanta para tomarse la fotografía policial que después usó como símbolo de su campaña presidencial.
Cambio de fiscal y turbulencias procesales
El curso del juicio cambió cuando una corte de apelaciones apartó a Fani Willis por su relación sentimental con el fiscal especial Nathan Wade, lo que generó un conflicto de interés. La fiscalía quedó entonces bajo revisión del Consejo de Fiscales de Georgia, que designó a Skandalakis para decidir los próximos pasos.
Su análisis coincidió con la postura del Departamento de Justicia, que había retirado previamente los casos federales contra el presidente tras las elecciones de 2024, en línea con la doctrina que impide procesar a un mandatario en funciones. Con ese antecedente, Skandalakis argumentó que mantener un proceso estatal resultaría inviable y podría consumir “entre cinco y diez años” sin ofrecer claridad legal.
Trump celebra y reivindica: “la ley y la justicia han prevalecido”
Horas después de conocerse la decisión judicial, Trump publicó un mensaje en Truth Social celebrando el fallo: “LA LEY y la JUSTICIA han prevalecido en el gran estado de Georgia”, escribió, calificando los cargos como un “engaño ilegal, inconstitucional y antiamericano” que, según él, nunca debió existir.
El mandatario insistió que fue víctima de una “caza de brujas” política y aseguró que la resolución demuestra la “total farsa” del caso.
El derrumbe final de los procesos penales
Con el cierre de Georgia, Trump ha logrado librarse de los cuatro procesos penales que enfrentaba:
- Washington D.C.: por la supuesta instigación del asalto al Capitolio en 2021.
- Florida: por retención de documentos clasificados.
- Georgia: intento de revertir resultados electorales.
- Nueva York: fue condenado por falsificación de registros comerciales, pero la sentencia quedó sin pena efectiva tras su regreso a la presidencia.
Más allá del resultado jurídico, el caso de Georgia deja un debate abierto: ¿hasta dónde puede ser juzgado un presidente en ejercicio? ¿Dónde termina el discurso político y dónde empieza la responsabilidad penal? La discusión ya no está en los tribunales, sino en la arena política e institucional de Estados Unidos.
