Washington, EE. UU., 7 de julio de 2025. La administración del presidente Donald Trump anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 80 mil migrantes de origen hondureño y nicaragüense, quienes desde hace más de dos décadas residen legalmente en Estados Unidos bajo esta figura humanitaria.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó que la decisión responde a una supuesta “mejoría” en las condiciones en ambos países. Con ello, cerca de 72 mil hondureños y 4 mil nicaragüenses perderán su protección migratoria a partir de septiembre y quedarán expuestos a procesos de deportación.
Un golpe contra familias trabajadoras
La eliminación del TPS afectará de forma directa a personas que han formado parte de la fuerza laboral estadounidense por más de dos décadas. Muchos de ellos tienen hijos nacidos en Estados Unidos, pagan impuestos y forman parte de comunidades estables.
Activistas y organizaciones migrantes han denunciado que esta decisión ignora las condiciones reales de violencia, crisis climática, pobreza estructural y represión política que aún persisten en Honduras y Nicaragua.
En el caso nicaragüense, diversas voces señalan que el régimen de Daniel Ortega continúa implementando medidas represivas contra la oposición, encarcelando disidentes y cerrando espacios democráticos. En Honduras, la inseguridad, el desempleo y los desplazamientos forzados siguen siendo causas principales de migración.
Deportaciones a contextos de riesgo
La decisión de Trump abre la puerta a deportaciones masivas en un momento en que los países centroamericanos enfrentan múltiples crisis sociales y ambientales. Aunque el gobierno estadounidense ofrece la posibilidad de regresar “voluntariamente” con un pago único de mil dólares, muchos migrantes denuncian que regresar equivale a ponerse en riesgo de muerte, pobreza o persecución.
“El mayor huracán en Nicaragua no es el Mitch, sino la dictadura de Ortega”, advirtió Gabriel Putoy, activista exiliado. Por su parte, organizaciones hondureñas recordaron que las condiciones que originaron el TPS se han agravado con el paso del tiempo y que no existen garantías para un retorno seguro.
Organizaciones se preparan para resistir
Ante la cancelación, múltiples organizaciones migrantes y de derechos humanos se alistan para interponer acciones legales que frenen la medida, tal como ocurrió en años anteriores. La Coalición de Inmigrantes de Florida y otras agrupaciones buscan presionar al Congreso para que se aprueben vías hacia la residencia permanente y la ciudadanía para quienes han vivido décadas en Estados Unidos bajo el TPS.
Desde México y Centroamérica también se ha alzado la voz en solidaridad con las comunidades afectadas, exigiendo que se respeten los derechos humanos y se reconozca la aportación de estas personas al desarrollo social y económico estadounidense.
Contexto
- El TPS fue otorgado a ciudadanos de Honduras y Nicaragua en 1999 tras el huracán Mitch.
- Fue renovado periódicamente debido a las condiciones persistentes de vulnerabilidad.
- Durante el gobierno de Trump entre 2017 y 2021 se intentó cancelar el TPS sin éxito; ahora, con su regreso al poder, la ofensiva se ha reactivado.
