Tras un fallo histórico de la Corte Suprema de EE.UU., el presidente Donald Trump anunció que su gobierno buscará desmantelar más de 50 mandatos judiciales que frenaban distintas partes de su agenda, desde políticas migratorias hasta recortes institucionales.
La decisión judicial restringe el uso de “injunciones nacionales”, es decir, las órdenes emitidas por jueces federales que hasta ahora podían bloquear la aplicación de leyes o decretos en todo el país. De ahora en adelante, las cortes solo podrán dictar resoluciones que afecten a las partes directamente involucradas en una demanda.
Un alto funcionario del gobierno confirmó que los abogados federales ya están preparando solicitudes para eliminar las suspensiones que impiden avanzar en temas clave para la administración, como la reforma educativa, la restructuración de agencias y el endurecimiento migratorio.
Trump celebró el fallo como una victoria contra lo que califica de “activismo judicial”, acusando a jueces de obstaculizar sistemáticamente sus políticas. Para sus seguidores, esta decisión refuerza el poder presidencial frente a cortes que consideran politizadas.
Pero el entusiasmo en la Casa Blanca contrasta con la alarma de grupos de derechos civiles y expertos legales, quienes advierten que la medida debilita mecanismos fundamentales de defensa legal colectiva. Según Smita Ghosh, del Constitutional Accountability Center, “esto hará mucho más difícil frenar acciones ejecutivas dañinas antes de que tengan efectos devastadores”.
Incluso algunos conservadores, como Ed Whelan, reconocen que el fallo tendrá implicaciones ambiguas, pues también podría complicar futuros intentos de bloquear medidas de gobiernos progresistas.
Uno de los casos más inmediatos afectados por esta resolución será el de la orden ejecutiva de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento, cuya legalidad aún se disputa en tribunales inferiores.
Para muchos observadores, la ofensiva jurídica de Trump marca un nuevo episodio en su cruzada por desmantelar límites institucionales, en un contexto donde el Poder Judicial se alinea con el Ejecutivo en detrimento de derechos colectivos y libertades civiles.
