Uruguay aprueba ley de eutanasia; pionero en América Latina

La ley “Muerte Digna” fue respaldada por 20 de los 31 senadores presentes, tras un debate de más de diez horas.

Montevideo, 15 de octubre de 2025. En un hecho sin precedentes en América Latina, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en legalizar la eutanasia mediante una ley, marcando un avance significativo en la defensa del derecho a una muerte digna.

La norma, titulada “Muerte Digna”, fue aprobada por el Senado con 20 votos a favor de los 31 presentes, tras más de diez horas de debate respetuoso y emotivo. Con esta decisión, Uruguay se suma a una reducida lista de países que reconocen legalmente la muerte asistida.

A diferencia de Colombia y Ecuador, donde la eutanasia fue despenalizada por vía judicial, Uruguay optó por el camino legislativo, reafirmando su tradición laica y progresista en la ampliación de derechos civiles.

Durante la sesión, una manifestante interrumpió con un grito de “asesinos”, reflejando la polarización que aún genera el tema. Sin embargo, la mayoría parlamentaria respaldó el proyecto como un avance jurídico y ético.

El senador oficialista Daniel Borbonet defendió el texto como “sólido” y garante de seguridad jurídica, mientras que Pedro Bordaberry, desde la centroderecha, lo calificó como “una ley de fomento” de la muerte asistida.

La ley establece requisitos estrictos: ser mayor de edad, ciudadano o residente, estar en etapa terminal de una enfermedad incurable o con sufrimientos insoportables, y contar con plena capacidad psíquica. Además, se exige un proceso previo antes de formalizar la voluntad por escrito.

Uruguay reafirma su liderazgo regional en derechos progresistas, sumando esta legislación a otras conquistas como el matrimonio igualitario, la regulación del cannabis y el aborto legal.

El Colegio Médico optó por no fijar postura oficial, respetando la diversidad de opiniones entre sus integrantes. La Iglesia Católica expresó “tristeza” ante la aprobación, mientras que más de una decena de organizaciones civiles criticaron la redacción por considerarla “deficiente y peligrosa”.

La reglamentación posterior por parte del Poder Ejecutivo será clave para garantizar la aplicación ética y segura de la ley, según el Colegio Médico.

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Fotografía: Redes

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