La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este martes una ley que busca penalizar las acciones que atenten contra la libertad de navegación y el comercio marítimo, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Estados Unidos y la reciente incautación de buques con petróleo venezolano en aguas del Caribe.
El presidente del Parlamento unicameral, Jorge Rodríguez, cercano al mandatario Nicolás Maduro, afirmó que la norma es conocida como la “ley de la dignidad en contra de los piratas y corsarios del Caribe”, en una referencia directa a Washington. El instrumento legal, explicó, tiene como objetivo “generar mecanismos para resguardar los derechos de las personas jurídicas nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales” con Venezuela frente a actos contrarios a la libertad de navegación y al comercio internacional.
De acuerdo con Rodríguez, la ley entrará en vigor una vez que sea promulgada por el presidente Maduro y publicada en la Gaceta Oficial. Su aprobación se da días después de que fuerzas armadas estadounidenses tomaran un buque petrolero frente a la costa venezolana, por segunda ocasión en menos de dos semanas, como parte de las medidas de presión impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Uno de los artículos establece penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas económicas, para quienes “ejecuten, promuevan, invoquen, favorezcan, faciliten o respalden acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales” contra personas jurídicas vinculadas al comercio marítimo con Venezuela.
La legislación también contempla la protección de los derechos de los Estados bajo cuya bandera navegan los buques, reconociendo su nacionalidad y jurisdicción, e incluye la posibilidad de exigir reparación por conductas de piratería y bloqueo marítimo ejecutadas mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados que actúen fuera de su jurisdicción.
Desde septiembre, fuerzas militares estadounidenses se han desplegado en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región. En ese periodo, han realizado al menos 28 ataques contra pequeñas embarcaciones señaladas de transportar drogas, con un saldo de 104 personas fallecidas.
Trump ha sostenido que Venezuela utiliza el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos, y ha advertido que escalará la presencia militar hasta que el país “devuelva” a Estados Unidos petróleo, tierras y activos. El gobierno de Maduro rechaza estas acusaciones y denuncia que Washington busca un cambio de régimen en Venezuela y el control de sus recursos naturales.
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