Elementos de seguridad desplegaron un operativo desproporcionado contra manifestantes pacíficos en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, en paralelo al debate legislativo de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Alrededor de las 18:30, cuando gran parte de las organizaciones ya se había retirado, fuerzas federales avanzaron con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma contra quienes permanecían en la zona, incluyendo trabajadores de prensa. El operativo dejó personas heridas y derivó en detenciones calificadas como arbitrarias.
El despliegue incluyó a la Policía Federal y Gendarmería, con cientos de efectivos frente a un grupo reducido de manifestantes, lo que evidenció un uso desmedido de la fuerza. Tras la represión, las personas fueron desplazadas hacia Avenida de Mayo.
Aunque no hay cifras oficiales claras, autoridades reportaron al menos ocho detenciones iniciales, mientras que otros arrestos habrían sido realizados por fuerzas federales. Periodistas denunciaron que varias de las personas detenidas se manifestaban de forma pacífica.
Uno de los casos más visibles fue el de un jubilado identificado como Carlos, quien participaba en la protesta y fue detenido por al menos 15 agentes sin explicación, pese a no mostrar conductas violentas. El hecho quedó registrado en transmisión en vivo.
Servicios de emergencia informaron la atención de personas heridas, entre ellas dos mujeres afectadas por golpes y crisis convulsivas, además de múltiples casos de afectaciones por gas lacrimógeno atendidos por brigadas sanitarias.
Horas antes, durante una primera intervención policial, se activó el protocolo antipiquetes cuando un grupo reducido se acercó a las vallas. La respuesta incluyó el uso de hidrantes, en un contexto donde dentro del recinto continuaba el debate legislativo.
Desde la mañana, el Congreso permaneció vallado y bajo fuerte resguardo. La jornada coincidió con un paro convocado por la Confederación General del Trabajo y movilizaciones en distintos puntos del área metropolitana.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el operativo bajo la consigna de “ley y orden”, afirmando que se garantizaría el derecho a manifestarse, aunque advirtió consecuencias para quienes alteraran el orden.
Mientras tanto, el oficialismo busca aprobar rápidamente la reforma laboral, tras modificar el artículo 44, con el objetivo de evitar una discusión más amplia en el Congreso.
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Fotografía: Alejandra Morasano
