El gobierno de Estados Unidos acusó al mexicano Abraham Hermosillo Álvarez de participar como presunto organizador de un plan de ataque contra el evento UFC Freedom 250, realizado en terrenos de la Casa Blanca. Aunque el caso es presentado por Washington como una amenaza terrorista frustrada, las autoridades estadounidenses también lo han usado para reforzar su narrativa contra la migración.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Hermosillo Álvarez, de 31 años y residente en Omaha, Nebraska, fue señalado junto con otros cuatro hombres por presuntamente planear un ataque contra funcionarios y asistentes al evento. La acusación sostiene que el grupo habría discutido el uso de drones con explosivos y posiciones de francotiradores para atacar objetivos de alto perfil durante una evacuación.
Las autoridades estadounidenses aseguraron que el FBI detectó la amenaza desde el 10 de junio y realizó arrestos en distintos estados, incluidos Nebraska, Ohio, Missouri y California. En el caso de Hermosillo Álvarez, fiscales lo identificaron bajo el alias de “Shepherd” dentro de una aplicación de mensajería cifrada, donde presuntamente habría coordinado puntos de lanzamiento y posiciones de ataque.
Sin embargo, el manejo político del caso también encendió alertas. El Departamento de Seguridad Nacional destacó de inmediato que el acusado era mexicano, que habría excedido una visa de turista y que contaba con protección migratoria bajo DACA, antes de que exista una sentencia que confirme las acusaciones en su contra.
Esa narrativa vuelve a exhibir el doble uso que Washington hace de ciertos procesos penales: por un lado los presenta como casos de seguridad nacional, y por otro los convierte en munición política contra comunidades migrantes. El riesgo es que una acusación individual termine utilizada para alimentar discursos de criminalización generalizada contra mexicanos y personas migrantes en Estados Unidos.
Hasta ahora, Hermosillo Álvarez y los otros acusados enfrentan cargos federales por conspiración para cometer asesinato y violencia en terrenos de la Casa Blanca. El propio Departamento de Justicia reconoció que las denuncias penales son acusaciones y que todos los imputados conservan presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario ante un tribunal.
Foto: Redes
