Tom Homan, actual «zar fronterizo» en el gobierno del presidente Donald Trump, fue objeto de una investigación del FBI por presuntamente recibir un soborno de 50 mil dólares en efectivo a cambio de facilitar contratos gubernamentales relacionados con migración.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el FBI documentó cómo un agente encubierto entregó una bolsa con dinero a Homan durante una operación realizada en septiembre de 2024. A cambio, el funcionario habría ofrecido favores políticos vinculados a la adjudicación de contratos migratorios, en caso de mantener su posición dentro de la administración republicana tras el regreso de Trump al poder.
La entrega fue grabada en video como parte de una operación de inteligencia federal. Aunque varios fiscales y agentes consideraron que existía evidencia suficiente para presentar cargos formales por soborno, conspiración y fraude, el caso fue cerrado en semanas recientes por decisión de altos funcionarios designados por la actual administración de Trump.
El actual director del FBI, Kash Patel, pidió una actualización formal del caso antes de su cierre definitivo. Poco después, tanto el FBI como el Departamento de Justicia optaron por archivar la investigación, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles interferencias políticas en procesos judiciales.
Desde la Casa Blanca se rechazaron las acusaciones y se calificó el informe como un intento de desacreditar a la administración. En una declaración conjunta, Patel y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, aseguraron que el asunto ya fue “revisado exhaustivamente” y que no se hallaron elementos suficientes para proceder judicialmente.
El caso se originó en el oeste de Texas, tras denuncias que señalaban a Homan por ofrecer influencias en contratos gubernamentales a cambio de pagos monetarios. La investigación fue iniciada en el verano de 2024 y se intensificó tras confirmarse que Homan sería parte activa del equipo de Trump si este ganaba las elecciones.
Hoy, como zar fronterizo en funciones, Homan desempeña un papel central en las políticas de deportación masiva y control migratorio, una de las prioridades más visibles del actual gobierno. El hecho de que una figura tan cercana al presidente haya sido investigada por corrupción, aunque el caso se haya cerrado, abre interrogantes sobre la transparencia institucional bajo la actual administración.
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