En un periodo de tres años, el estado de Puebla registró un incremento del 93.33 por ciento en los delitos contra el medio ambiente, una tendencia al alza que está relacionada principalmente con la tala ilegal de árboles, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los datos de incidencia delictiva muestran que, aunque este tipo de ilícitos se mantienen entre los menos denunciados —junto con delitos como trata de personas o abigeato—, su crecimiento ha sido sostenido desde 2023.
Ese año se iniciaron 15 carpetas de investigación por delitos ambientales, los cuales incluyen prácticas como tala clandestina, cambio irregular de uso de suelo, contaminación del agua y tráfico de flora y fauna.
Para 2024, las denuncias aumentaron a 22 casos entre enero y noviembre, lo que representó un incremento del 46.67 por ciento respecto al año previo.
En 2025, durante los primeros once meses, la cifra volvió a crecer hasta 29 denuncias, lo que implica un aumento del 31 por ciento frente a 2024 y confirma un alza acumulada de 93.33 por ciento desde 2023.
Tala ilegal, el principal foco de atención
Durante el primer año de la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, se intensificaron las acciones contra la tala clandestina mediante la puesta en marcha de la Policía Forestal, un cuerpo especializado para la protección de zonas boscosas.
De acuerdo con información oficial, esta corporación ha realizado más de 450 operativos enfocados en el combate a la tala ilegal, actividad que concentra la mayoría de las denuncias por delitos ambientales en la entidad.
Tan solo entre enero y septiembre de este año se reportó la detención de 13 personas vinculadas con esta práctica, así como la inhabilitación de 27 hornos clandestinos, utilizados para la transformación ilegal de madera.
Aunque las cifras reflejan una mayor intervención institucional, especialistas y organizaciones ambientales advierten que el bajo nivel de denuncias podría ocultar una problemática más amplia, asociada a la falta de vigilancia en regiones forestales y a la limitada cultura de denuncia en delitos contra el medio ambiente.
Foto: Agencia Enfoque
