El Gobierno de México presentó este miércoles una iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la que pretende sustituir y actualizar el marco legal vigente desde 1988 frente a los nuevos desafíos que enfrenta el país.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que la propuesta busca establecer una nueva relación entre desarrollo, bienestar, prosperidad y naturaleza, bajo el principio de justicia ambiental.
La funcionaria señaló que durante décadas predominó un modelo que privilegió la rentabilidad inmediata sin considerar de manera integral el impacto sobre los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades.
Ante ese escenario, la nueva legislación pretende colocar en el centro a las personas, comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, al tiempo que fortalece las capacidades del Estado para prevenir, atender y restaurar daños ambientales.
Bárcena explicó que la actualización resulta necesaria porque los problemas ambientales que enfrenta México han cambiado considerablemente desde la promulgación de la legislación actual.
Entre los principales desafíos mencionó el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas, fenómenos que afectan directamente los medios de vida de distintas comunidades.
La propuesta incorpora herramientas que no estaban contempladas en la legislación de 1988, entre ellas un programa de restauración ecológica y disposiciones relacionadas con el cambio climático.
También busca integrar los avances científicos y tecnológicos con los conocimientos ambientales de los pueblos originarios, además de impulsar mecanismos de economía circular, prevención y restauración con participación ciudadana.
Diez principios para la política ambiental
La secretaria detalló que la iniciativa se sustenta en diez principios, entre ellos reconocer al patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar, así como establecer que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”.
También contempla privilegiar la prevención sobre la reparación, conservar y restaurar los ecosistemas, utilizar el conocimiento científico para respaldar las decisiones ambientales y gestionar el territorio con las comunidades y una visión de largo plazo.
Otros principios plantean fortalecer la cultura ambiental, avanzar de una economía basada en el desecho hacia otra que aproveche los recursos, proteger a quienes defienden la naturaleza y asumir como responsabilidad colectiva la protección del patrimonio biocultural.
Bárcena destacó que el proyecto incorpora conceptos como restauración, reparación y remediación, ausentes en la legislación anterior.
De acuerdo con la titular de Semarnat, la nueva ley busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, proteger la salud —particularmente de niñas y niños— y ampliar las posibilidades de acceso a la información y a la justicia ambiental.
La propuesta también contempla medidas para reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y recuperar ecosistemas afectados.
En materia de biodiversidad, plantea reforzar la protección de especies emblemáticas como el lobo mexicano, el cóndor y la ballena azul, además de vincularse con los trabajos de la futura Ley de Bienestar Animal.
La funcionaria también planteó la necesidad de cambiar la relación de la sociedad con ríos, barrancas, costas y playas, espacios que, dijo, durante años han sido utilizados como depósitos de basura.
Evaluaciones ambientales para grandes proyectos
La iniciativa también contempla nuevas reglas para los proyectos de gran magnitud. Entre ellas se encuentra la realización de una evaluación estratégica ambiental previa, con el objetivo de conocer de manera integral sus posibles impactos sobre una región.
La propuesta busca impedir que los proyectos sean fragmentados deliberadamente para evitar una valoración completa de sus efectos ambientales.
Bárcena aseguró que el objetivo de la nueva legislación no es únicamente castigar a quienes incumplan, sino generar mecanismos que permitan prevenir los daños y encontrar soluciones.
“Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos es ser propositivos”, afirmó.
La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión y se prevé que pueda ser discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de septiembre.
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