El Gobierno federal intensificó el despliegue institucional para contener y mitigar los efectos del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, mientras avanza una investigación técnica para determinar su origen y posibles responsables.
De acuerdo con autoridades ambientales y energéticas, brigadas interinstitucionales han logrado retirar al menos 128 toneladas de residuos impregnados de crudo en más de 165 kilómetros de litoral, principalmente en zonas de Veracruz y Tabasco. Las labores incluyen limpieza manual, instalación de barreras de contención y uso de materiales especializados para recuperar el hidrocarburo en playas, manglares y cuerpos de agua.
La coordinación involucra a dependencias como Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de autoridades locales.
La Profepa ha inspeccionado más de 30 puntos, entre playas, lagunas y ríos, en estados del Golfo. También se han realizado sobrevuelos, recorridos terrestres y revisiones en instalaciones del sector energético para descartar fallas operativas relacionadas con el incidente.
En paralelo, especialistas desarrollan análisis oceanográficos y monitoreo de corrientes marinas, apoyados con imágenes satelitales, drones y vigilancia aérea, a fin de rastrear la dispersión del contaminante.
En el frente social, Pemex activó esquemas de apoyo a comunidades pesqueras afectadas, con una bolsa superior a 35 millones de pesos. Entre las medidas destacan suministro de combustibles, asistencia técnica y la futura inversión de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca mediante programas ambientales.
Asimismo, desde mediados de marzo opera una unidad médica móvil en municipios impactados y se ha contratado temporalmente a habitantes locales para tareas de saneamiento.
La indagatoria se mantiene abierta y contempla requerimientos de información a empresas con operaciones en la zona. Hasta ahora se han emitido diversos oficios para esclarecer si alguna actividad industrial está vinculada con el derrame.
El Gobierno federal advirtió que, una vez identificado el origen, se procederá conforme a la ley para fincar responsabilidades, que podrían derivar en sanciones económicas, penales y ambientales, así como en medidas de reparación del daño y compensación a sectores afectados.
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