La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició el proceso formal para la suspensión definitiva e inhabilitación del relleno sanitario intermunicipal de San Pedro Cholula, luego de dos años de haber sido clausurado por riesgos ambientales. Esta decisión también descarta la ampliación del sitio que había sido promovida por la empresa concesionaria ProFaj-Hidro Limpieza. El cierre marca un punto clave en la gestión de residuos en la zona metropolitana. Además, responde a una problemática ambiental acumulada durante años de operación del basurero.
El acuerdo se alcanzó en una mesa de diálogo realizada el 25 de marzo, en la que participaron autoridades municipales, estatales y federales, así como representantes de pueblos originarios y de la empresa ProFaj-Hidro Limpieza. Este proceso se dio tras protestas ciudadanas que denunciaron el relleno como un foco de contaminación y riesgo sanitario, lo que generó presión social para su cierre definitivo. Las inconformidades se centraron en los impactos al medio ambiente y la salud. Esto derivó en una revisión integral del proyecto.
De acuerdo con la Unión de Pueblos Originarios, el sitio fue reabierto de forma controlada este 9 de abril, pero únicamente para permitir el ingreso de maquinaria especializada. Estas labores tienen como objetivo iniciar trabajos de excavación y contener los lixiviados generados durante ocho años de operación, considerados uno de los principales factores de contaminación en la zona. La intervención busca reducir riesgos ambientales inmediatos. También marca el inicio del proceso técnico de cierre.
Como parte de los compromisos establecidos, ProFaj-Hidro Limpieza deberá atender pendientes ambientales, entre ellos la reparación de un socavón en un predio colindante donde se pretendía ampliar el relleno. Asimismo, se autorizó la reconexión de energía eléctrica para facilitar el desmantelamiento de la maquinaria de reciclaje. Estas acciones forman parte del proceso de inhabilitación del sitio. La empresa deberá cumplir con estas obligaciones como parte de la remediación ambiental.
Según la minuta de trabajo 068/2026, las labores de cierre deberán realizarse en un plazo máximo de seis meses, tras lo cual se definirá un plan integral de remediación. Este plan tiene como objetivo rehabilitar el terreno afectado y mitigar los daños ocasionados a las comunidades cercanas, que durante años han señalado afectaciones a su entorno y calidad de vida. El proceso incluye evaluación técnica y ambiental. También contempla medidas de recuperación del espacio.
Por su parte, el gobierno municipal indicó que supervisará el cumplimiento de estas acciones y analizará la viabilidad de expropiar el predio para destinarlo a un proyecto recreativo. Mientras tanto, los residuos de al menos 21 municipios continúan siendo trasladados a otros rellenos sanitarios, lo que evidencia el desafío regional en el manejo de desechos. Esta situación implica ajustes logísticos para varias demarcaciones. Además, mantiene abierta la discusión sobre soluciones sostenibles en la gestión de residuos.
Foto: Agencia Enfoque
