En Puebla, la tauromaquia solo ha sido prohibida en tres de los 217 municipios, por lo que se busca extender esta medida a nivel estatal y frenar las corridas de toros en todo el territorio.
La prohibición de estos espectáculos se implementó en 2022 primero en Zacatlán y posteriormente se extendió a Puebla capital y Teziutlán, derivado de diversas sentencias de amparo concedidas por el Poder Judicial del Estado en favor de organizaciones animalistas.
La iniciativa para llevar la prohibición de la “fiesta brava” a todo el estado es impulsada por el Movimiento Animalista de Puebla, con respaldo de PETA Latino, quienes mantienen activa la propuesta ante el Poder Legislativo, al señalar que se trata de una lucha heredada de legislaturas anteriores.
En conferencia de prensa, el director de PETA Latino, Gabriel Ochoa Pérez, calificó las corridas de toros como inmorales y sin justificación social, económica ni científica, por lo que celebró las resoluciones de jueces federales para frenar este tipo de prácticas en la entidad.
Ochoa Pérez destacó que el Tribunal Colegiado ha reconocido el interés legítimo de las asociaciones protectoras de animales para su defensa, entre ellas el Círculo de Amparo y el Movimiento Animalista de Puebla, lo que consideró un precedente en la lucha antitaurina, que urge aplicar en todo el estado.
Por su parte, la representante del Movimiento Animalista de Puebla, Leticia Gallardo, lamentó que la prohibición de estos espectáculos solo esté vigente en tres municipios, al señalar que la Ley de Bienestar Animal, en su artículo 19, excluye a los toros de protección, disposición que ha sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial.
En ese sentido, indicó que el Instituto de Bienestar Animal (IBA) mantiene diálogo constante con los ayuntamientos donde aún no se ha aprobado la medida, con el fin de frenar estas prácticas, por lo que se han logrado avances en algunos casos.
Leticia Gallardo añadió que la organización mantiene una agenda de iniciativas presentadas ante el Congreso local, entre las que destacan la prohibición de corridas de toros a nivel estatal y el endurecimiento de sanciones contra las peleas de gallos, consideradas también una problemática grave.
Finalmente, propuso que la Constitución reconozca a los animales como seres sintientes sujetos de protección jurídica especial, que la Unidad Especializada en Delitos contra Animales se convierta en una fiscalía, y que el Instituto de Bienestar Animal sea un organismo público descentralizado con recursos propios, destinados exclusivamente a la protección de los seres sintientes.
Foto: Agencia Enfoque
