Bangladesh da un paso simbólico pero significativo en la ruptura con el autoritarismo: el gobierno interino ha revocado una antigua directiva que obligaba a referirse como “señor” a todas las funcionarias públicas, un protocolo impuesto durante el largo mandato de Sheikh Hasina, hoy derrocada tras una insurrección estudiantil y acusada por crímenes de lesa humanidad.
La medida, anunciada este jueves por la oficina de prensa del gobierno interino, liderado por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, busca desmontar lo que calificaron como “residuos extraños de un régimen autocrático que deformó el lenguaje institucional y el trato a las mujeres en la administración pública”.
“Durante casi 16 años, el régimen de Hasina impuso que incluso ella fuera llamada ‘señor’. Esa práctica se extendió a otras mujeres en el poder, institucionalizando un trato ajeno a toda lógica”, señala el comunicado oficial.
Aunque la medida ha sido celebrada por sectores democráticos, una funcionaria entrevistada por AFP, bajo condición de anonimato, expresó matices: señaló que muchas funcionarias veían la denominación como “neutral en cuanto al género” y que la decisión del nuevo gobierno se tomó sin consultar a las propias afectadas.
Sin embargo, el gobierno interino defiende la revisión de todos los protocolos administrativos como parte de su compromiso con la transparencia y la desmilitarización del lenguaje oficial, tan cargado de verticalismo y reverencias jerárquicas durante la era Hasina.
Hasina, de 77 años, se encuentra actualmente en la India tras huir de su país durante el levantamiento social que la derrocó. En Bangladesh enfrenta acusaciones formales ante el tribunal de crímenes internacionales por su presunta responsabilidad en la represión violenta de las protestas estudiantiles entre julio y agosto de 2024, en las que murieron, según la ONU, hasta 1,400 personas. La Fiscalía la acusa de haber ordenado directamente los operativos, aunque ella rechaza los cargos.
El partido que la respaldó durante décadas, la Liga Awami, ha denunciado el proceso judicial como una “farsa” y afirma que las acusaciones tienen motivaciones políticas.
Mientras tanto, el nuevo gobierno ha conformado un comité para revisar más disposiciones heredadas del viejo régimen, como parte de una transición política que promete ser tan simbólica como estructural.
