A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, autoridades federales presentaron nuevas líneas de investigación que colocan bajo revisión el uso posterior de teléfonos de los estudiantes, posibles vínculos entre Guerreros Unidos, policías y servidores públicos, funerarias de Iguala y el paso de algunos jóvenes por la Barandilla municipal.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, y el fiscal especial Mauricio Pazarán expusieron seis ejes: reanalizar comunicaciones telefónicas, investigar el uso posterior de celulares, profundizar vínculos entre autoridades y delincuencia organizada, identificar personas antes no investigadas, solicitar nuevas órdenes de aprehensión y orientar búsquedas en territorio.
El nuevo análisis de llamadas permitió identificar a 17 personas que no figuraban en pesquisas anteriores y reconstruir comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, funcionarios y particulares ligados a distintos establecimientos. “Hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces y en qué momento”, explicó Pazarán.
Funerarias y teléfonos abren nuevas rutas de investigación
Una de las líneas se concentra en la funeraria El Ángel, cuyo propietario, Rodolfo “N”, habría utilizado días después de los hechos un teléfono relacionado con el normalista Julio César Mondragón. Las diligencias también localizaron restos óseos, documentación, un arma y un horno sin registro oficial, aunque los primeros análisis genéticos practicados a restos revisados no los vincularon con los 43 estudiantes.
Entre marzo y junio de 2026, autoridades realizaron búsquedas en el predio de la funeraria y reportaron 23 indicios, entre fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos. Desde 2019, las labores de campo han alcanzado mil 931 sitios en nueve municipios de Guerrero.
La Barandilla y los archivos pendientes
El informe también retoma la línea de la Barandilla municipal de Iguala. Según lo presentado, al menos 17 normalistas habrían pasado por esas instalaciones la noche del 26 de septiembre de 2014, una ruta distinta a la planteada por la llamada “Verdad Histórica”. El Gobierno mantiene además gestiones relacionadas con Ulises Bernabé, entonces juez de Barandilla, cuya extradición permanece pendiente.
Otro punto sin resolver son los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) reclamados por las familias. Padres y madres han señalado que faltan centenares de folios militares, mientras la Sedena sostiene que no localizó más documentación tras revisar sus archivos.
Las nuevas diligencias llegan mientras las familias continúan movilizándose para exigir la localización de los 43, verdad y justicia. El 26 de septiembre encabezaron nuevamente una marcha en la Ciudad de México al cumplirse 12 años de la desaparición.
Fotografía: Agencia Enfoque
