El Congreso de Puebla presentó una iniciativa para fortalecer la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos y sancionar su explotación comercial sin consentimiento, una práctica que, según legisladores, se ha intensificado en las últimas décadas.
La propuesta reconoce que la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado establece la obligación de preservar el derecho de propiedad de los pueblos originarios. Sin embargo, advierte que no existe aún una regulación clara y sistemática sobre la Propiedad Intelectual Colectiva (PIC), lo que deja sin resguardo legal los Conocimientos Tradicionales (CC.TT.) y las Expresiones Culturales Tradicionales (ECTs) frente a su uso por parte de empresas e industrias.
La iniciativa, impulsada por la diputada Marisol Amieva, subraya que símbolos, diseños textiles, plantas medicinales, saberes ancestrales y expresiones culturales han sido históricamente explotados por marcas comerciales, cadenas gastronómicas e industrias creativas, sin reconocimiento ni beneficio para las comunidades de origen. Este problema —señala— persiste y se ha vuelto cada vez más frecuente.
El documento enfatiza que la situación es especialmente crítica en el ámbito gastronómico y agroalimentario, donde técnicas tradicionales como el cultivo del maíz, el uso ritual del cacao o la elaboración de platillos y bebidas ancestrales —entre ellos el mole— han sido aprovechadas comercialmente sin autorización ni retribución a las comunidades que los han preservado por siglos.
Ante este panorama, la propuesta plantea integrar un sistema integral de protección de Propiedad Intelectual Colectiva, que garantice que la PIC sea reconocida como un “derecho social, imprescriptible, inalienable e inembargable”.
Además, establece que cualquier empresa o industria que utilice conocimientos o expresiones culturales deberá contar con autorización de la comunidad y asegurar un reparto justo de los beneficios.
La iniciativa incluye también la creación de un Registro Estatal y un Fondo de Protección, mecanismos destinados a otorgar certeza jurídica sobre la titularidad colectiva de los Conocimientos Tradicionales y las Expresiones Culturales Tradicionales, así como a financiar acciones para su defensa.
Cabe recordar que, a nivel federal, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas contempla penas de 10 a 20 años de prisión para quienes reproduzcan, imiten o comercialicen elementos del patrimonio sin consentimiento. Por ello, el Congreso de Puebla busca alinearse a esta estrategia nacional para combatir de manera más efectiva la apropiación indebida del patrimonio cultural.
Foto: Agencia Enfoque
