En medio de un creciente clima de tensión social, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó este viernes un mensaje frontal contra el movimiento indígena que convocó un paro nacional indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. El mandatario calificó de “revoltosos” a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y les pidió “que se pongan a trabajar y dejen de fregar la vida”.
La medida del Gobierno —que elevó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares de la noche a la mañana— ha encendido la mecha de un conflicto que recuerda los estallidos sociales de 2019 y 2022, cuando las movilizaciones lideradas por la Conaie obligaron a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir decisiones similares.
Sin embargo, a diferencia de aquellos episodios, Noboa ha optado por una respuesta más dura: decretó estado de excepción en ocho provincias, impuso toque de queda nocturno y advirtió que aplicará sanciones por “terrorismo” y “bloqueos ilegales”. La Fiscalía, alineada con el Ejecutivo, anunció que actuará “con firmeza” contra quienes participen en las protestas.
Críticos advierten que el discurso de Noboa, lejos de abrir espacios de diálogo, corre el riesgo de escalar la confrontación. En su intervención desde Bolívar —una provincia con amplia población indígena— el mandatario incluso declaró “personas non gratas” a los dirigentes del movimiento y acusó a sus comunidades de promover “separatismo y exclusión”.
El contexto es aún más complejo debido a que, en el mismo acto, Noboa convocó un referéndum para impulsar una Asamblea Constituyente que reemplace la actual Constitución, sin pasar previamente por la Corte Constitucional, como exige la norma vigente. Juristas y analistas han cuestionado la legalidad de este anuncio, mientras que la oposición lo ve como un intento de concentrar poder en medio de la crisis.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) ya anunció que tomará la ciudad de Latacunga este domingo, justo donde Noboa trasladó temporalmente la sede de Gobierno. La posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad parece inminente, en un país que aún recuerda los episodios de violencia y represión de 2019 y 2022.
“Estamos en un momento clave”, insistió Noboa. Pero para muchos sectores, el verdadero desafío no es imponer mano dura, sino encontrar una salida política que evite que el conflicto vuelva a paralizar al país.
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