La República Dominicana ha intensificado sus deportaciones masivas contra la población haitiana. Solo en agosto se registraron 35 276 repatriaciones, mientras que entre enero y julio la cifra superó las 250 000 expulsiones. A esto se suman más de 115 000 personas que salieron del país “por voluntad propia”, presionadas por el ambiente hostil y las redadas permanentes.
Organizaciones sociales denuncian que se trata de una política de persecución contra comunidades históricamente vulnerables, muchas veces detenidas en hospitales, escuelas o incluso en la vía pública. El resultado es devastador: en junio más de 400 niños fueron deportados sin acompañantes legales, y mujeres embarazadas han sido expulsadas inmediatamente después de dar a luz, sin garantías mínimas de derechos humanos.
Desde 2022, el gobierno dominicano cerró el acceso legal a los haitianos al suspender los visados y militarizar la frontera. Sin embargo, el flujo migratorio persiste, obligando a miles a recurrir a redes de coyotaje que cobran hasta 500 dólares por cruzar, exponiéndolos a abusos, secuestros y extorsiones.
Colectivos de derechos humanos como Migración y Derechos Humanos (RD) y el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) advierten que estas medidas no resuelven el problema, pues la migración haitiana es consecuencia de la pobreza, la inseguridad y el colapso social en Haití. Señalan además que los migrantes sostienen sectores clave de la economía dominicana —como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico—, mientras son tratados como desechables.
Lo que ocurre en República Dominicana es parte de un patrón de xenofobia institucionalizada en la región, donde los gobiernos criminalizan la pobreza y la migración en lugar de garantizar derechos.
