El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la designación del movimiento antifascista Antifa como una “gran organización terrorista”, calificándola de “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo”.
El mandatario, que realiza una visita oficial en el Reino Unido, aseguró en su cuenta de Truth Social que también recomendará investigar a quienes financien a Antifa “de acuerdo con los más altos estándares legales”. La decisión, dijo, busca “proteger a los ciudadanos” y garantizar que cualquier acto de violencia atribuido a este movimiento sea procesado con todo el peso de la ley.
La medida se produce en medio de un clima de creciente polarización política en Estados Unidos, y apenas una semana después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah, hecho que Trump ha atribuido públicamente a la “izquierda radical”. Desde entonces, el presidente ha responsabilizado en sus discursos a este sector político por lo que considera un incremento de la violencia política en el país.
Sin embargo, no está claro qué mecanismo legal empleará la Casa Blanca para hacer efectiva la designación. Antifa no es una organización con estructura formal ni liderazgo definido, sino una red descentralizada de activistas que se identifican como anarquistas, anticapitalistas o comunistas. Expertos en seguridad y funcionarios han advertido que clasificar como terrorista a un colectivo tan difuso podría enfrentar serios retos jurídicos.
El anuncio de Trump ha generado reacciones inmediatas en redes sociales y en el ámbito político. Mientras aliados republicanos respaldan la medida como un paso necesario para frenar lo que llaman “extremismo de izquierda”, críticos advierten que se trata de un uso peligroso del poder presidencial que podría criminalizar la disidencia política.
El asesinato de Kirk también ha provocado consecuencias en empresas y universidades de Estados Unidos. Varios empleados de corporativos como Nasdaq y del despacho Perkins Coie, así como un estudiante de la Universidad Estatal de Texas, han sido despedidos o sancionados por comentarios considerados ofensivos en torno al crimen. Paralelamente, legisladores republicanos han buscado sancionar a representantes demócratas que criticaron la figura del activista conservador, conocido por sus enfrentamientos con estudiantes progresistas en campus universitarios.
Con esta designación, Trump retoma una promesa que había expresado ya en su primer mandato, cuando acusó a Antifa de incitar los disturbios ocurridos tras la muerte de George Floyd en 2020. Analistas consideran que la medida podría convertirse en un eje de su estrategia de campaña de cara a las elecciones de 2026, reforzando su discurso contra lo que denomina “violencia de la izquierda radical”.
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