Alejandro “Alito” Moreno volvió a utilizar el escándalo como herramienta política contra Morena, al acusar que integrantes del partido gobernante viajan a Estados Unidos para entregar información a autoridades de ese país. El dirigente nacional del PRI retomó señalamientos publicados por The New York Times, pero no presentó pruebas nuevas durante su posicionamiento público.
El priista sostuvo que existen datos públicos sobre personas ligadas a Morena que, según él, podrían enfrentar investigaciones por presuntos vínculos con autoridades estadounidenses. Con esa declaración, Alito buscó convertir un reportaje basado en fuentes anónimas en munición política contra el oficialismo, en medio de una ofensiva discursiva de la derecha contra el movimiento gobernante.
Moreno también afirmó que gobernadores, legisladores e integrantes de gobiernos morenistas podrían terminar responsabilizándose entre ellos si avanzan indagatorias desde Estados Unidos. Su discurso apostó por instalar la idea de una fractura interna en Morena, aunque hasta ahora esos señalamientos no constituyen una resolución judicial ni una confirmación oficial de autoridades mexicanas.
El líder del PRI incluso sugirió que un gobierno extranjero tendría que investigar y sancionar a los políticos que él acusa. Ese planteamiento reaviva el debate sobre soberanía nacional, pues la derecha mexicana ha recurrido a señalamientos desde Estados Unidos para golpear políticamente al oficialismo, aun cuando cualquier investigación debe realizarse conforme a la ley y mediante instituciones competentes.
Morena respondió al reportaje y a las acusaciones opositoras con un rechazo frontal. La dirigencia del partido sostuvo que no encubrirá a nadie, pero acusó que la ultraderecha nacional e internacional busca construir una narrativa contra el movimiento, especialmente en un contexto de tensión política por seguridad, soberanía y relación bilateral con Estados Unidos.
Mientras tanto, Alito Moreno y el PRI intentan reposicionarse con señalamientos graves que todavía requieren pruebas verificables. La derecha vuelve a apostar por el ruido, la sospecha y el golpeteo mediático, pero el caso deberá distinguir entre acusaciones políticas, versiones periodísticas e investigaciones formales antes de presentar cualquier señalamiento como verdad comprobada.
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