En medio de una creciente tensión política, Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, arremetió contra el senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que este lo acusara de incurrir en una posible “traición a la patria” por apoyar a la panista Lilly Téllez, quien pidió la intervención de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en México.
Lejos de responder con argumentos sólidos, Moreno optó por desviar la atención, utilizando una estrategia recurrente de acusaciones al oficialismo. En lugar de explicar por qué respalda una postura tan polémica como la de Téllez —que abre la puerta a una posible intervención extranjera—, el priista intentó voltear el discurso, acusando al gobierno federal de ser cómplice del crimen organizado.
Moreno aseguró que su respaldo a Téllez fue en defensa de la oposición, sin reconocer que la petición de “ayuda” a Estados Unidos puede considerarse una acción que atenta contra la soberanía nacional. En cambio, prefirió escalar el conflicto, señalando a Morena de encubrir a políticos ligados al narcotráfico, sin presentar pruebas concretas.
Este ataque directo a Fernández Noroña y al oficialismo parece más una maniobra mediática que un argumento político sólido. En vez de asumir responsabilidad por apoyar una narrativa que incluso sectores conservadores consideran riesgosa, Alito buscó reposicionarse como defensor de la oposición, pese a que su partido ha sido cuestionado históricamente por sus vínculos con estructuras de poder corruptas.
Desde el Senado, Noroña denunció que respaldar un llamado a una potencia extranjera para intervenir en asuntos internos no puede ser tratado como una simple opinión política. Subrayó que ese tipo de posturas cruzan líneas peligrosas para la democracia y la soberanía del país.
Aunque Noroña admitió que el marco legal actual no permite sancionar a legisladores por sus declaraciones, sí hizo énfasis en el impacto ético y político que estas tienen. Para el senador, lo expresado por Téllez —y respaldado por Moreno— revela una falta de compromiso con los intereses nacionales.
En el fondo, el debate vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre libertad de expresión, responsabilidad política y los límites del discurso opositor, especialmente cuando este se alinea con narrativas que podrían justificar injerencias extranjeras.
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