En una conferencia de prensa realizada el martes 23 de septiembre en el Senado de la República, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, denunció lo que describió como una estructura de corrupción operando desde el inicio del sexenio pasado, bajo el liderazgo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su intervención, Moreno —acompañado por senadores de su bancada— señaló directamente al exmandatario como quien habría encabezado dicha red.
El líder priista manifestó su inconformidad por la presunta negativa del Senado para facilitar los recursos técnicos necesarios para la conferencia, acusando un comportamiento arbitrario por parte de la administración legislativa.
Uno de los principales señalamientos del dirigente del tricolor giró en torno al senador Adán Augusto López Hernández, a quien ubicó como una figura central en los nombramientos de personal que más tarde resultó involucrado en actividades delictivas. Moreno respaldó sus dichos con documentos que, según su equipo, demuestran que durante la gestión de López Hernández como secretario de Gobernación, se firmaron ascensos dentro de la Secretaría de Marina a elementos hoy detenidos por vínculos con el llamado “huachicol fiscal”.
Además, el PRI enfocó parte de sus señalamientos en el actual presidente de la Comisión de Marina del Senado, Carlos Lomelí, destacando que este político ha sido objeto de sanciones por parte de agencias estadounidenses como la DEA y el Departamento del Tesoro. De acuerdo con la documentación presentada, empresas vinculadas a Lomelí estarían registradas en EE.UU. y habrían sido sancionadas por la venta de precursores químicos usados en la elaboración de fentanilo.
Otro punto expuesto por el dirigente del PRI involucró a Luisa María Alcalde, actual presidenta de Morena. Se exhibieron documentos que, según Moreno, la vinculan con la autorización de ascensos a mandos navales durante su gestión como secretaria de Gobernación. El argumento del PRI apunta a que estos nombramientos formarían parte de una red de complicidad institucional, que involucra a distintas figuras del partido actualmente en el poder.
Finalmente, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio anterior, también fue mencionado como firmante de los oficios que sustentan los ascensos. Para el PRI, estos documentos refuerzan su acusación de que existe un entramado de decisiones desde las más altas esferas del poder anterior, con implicaciones legales y éticas graves.
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