La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud formal de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).
De acuerdo con la solicitud, Moreno es señalado por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, derivados del posible desvío de 83.5 millones de pesos de recursos públicos. La Fiscalía campechana identificó al menos cuatro carpetas de investigación judicializadas que vinculan directamente al priista, así como a 17 personas más, incluyendo exfuncionarios de su administración. Varias de ellas ya han sido vinculadas a proceso, y dos obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con las investigaciones.
Entre los casos más graves figuran pagos por servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, en los que prestanombres facturaron conceptos como alimentos, mantenimiento y logística por 27.2 millones de pesos sin evidencia documental alguna. Además, se detectó la participación de una empresa originalmente dedicada a clases de buceo, que recibió contratos millonarios de asesoría jurídica y fiscal con la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam), durante el mandato de “Alito”, quien también presidía su Junta de Gobierno.
Otra línea de investigación involucra el presunto desvío de 14.1 millones de pesos a través de contratos de publicidad con la televisora local Mayavisión, propiedad de un empresario cercano a Moreno, también implicado en la venta de un terreno utilizado para construir la Plaza Colosio, un mercado de artesanías que terminó beneficiando a particulares. Por este último caso, el desfalco asciende a 18.2 millones de pesos.
En conjunto, las acusaciones dibujan un esquema amplio de corrupción operado desde distintas dependencias del gobierno estatal, donde se habrían simulado contratos, adjudicado obras con sobreprecios, y triangulado recursos públicos con empresas fachada o aliados políticos y personales del hoy senador.
La solicitud de desafuero fue turnada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, desde donde deberá ser analizada por la Sección Instructora. En caso de aprobarse, permitiría que Alejandro Moreno enfrente un proceso penal sin la protección del fuero constitucional.
Moreno Cárdenas no ha emitido aún una respuesta oficial sobre las acusaciones. En el pasado, ha señalado que los procesos en su contra forman parte de una persecución política impulsada por sus adversarios.
El caso representa un reto político y legal para el Congreso, en particular para el PRI, cuya dirigencia ha cerrado filas en torno a su líder. No obstante, la magnitud de los señalamientos, respaldados por documentos financieros, testimonios judiciales y contrataciones sin sustento, presiona al Legislativo para tomar una determinación en los próximos días.
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