El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero compareció nuevamente este martes ante un juez federal, quien deberá resolver si existen elementos para vincularlo a proceso por desaparición forzada de personas relacionada con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aguirre acumula cinco días recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. El juez de control Mario Elizondo Martínez ordenó su traslado al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de que la defensa solicitó ampliar el plazo constitucional para presentar pruebas contra la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía sostiene que el exmandatario habría ordenado desaparecer grabaciones obtenidas de cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales registraron movimientos de estudiantes y policías durante la noche del 26 de septiembre de 2014. La FGR atribuye a Aguirre una presunta participación en la eliminación de ese material, señalamiento que todavía debe valorar la autoridad judicial.
FGR señala desaparición de videos clave de Iguala
Durante la primera audiencia, la Fiscalía aseguró que un DVD contenía imágenes en las que policías municipales y estatales trasladaban a estudiantes entre vehículos, mientras hombres armados vigilaban la zona. Según la imputación, posteriormente varias unidades habrían salido del lugar con los normalistas.
Aguirre rechazó las acusaciones y aseguró ante el juez: “Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz”. Su defensa también solicitó prisión domiciliaria por problemas de salud, pero el juzgador mantuvo la prisión preventiva mientras continúa el procedimiento.
Familias de los 43 exigen que Aguirre no quede libre
Mientras avanzaba la audiencia, familiares de los normalistas desaparecidos exigieron que Aguirre permanezca en prisión y enfrente las acusaciones por la desaparición de las evidencias videográficas. Parte de las familias se trasladó al Estado de México para seguir el procedimiento judicial.
Melitón Ortega, vocero de las familias, sostuvo que hacen responsable al exgobernador por la desaparición de las grabaciones y pidió evitar que el proceso se convierta en una simulación. Las familias también recordaron que desde los primeros años del caso denunciaron la sustracción de los videos de vigilancia de Iguala.
La resolución del juez determinará si Aguirre enfrenta formalmente un proceso penal por estos hechos, mientras permanece pendiente el esclarecimiento completo de la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida hace casi doce años.
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