El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el delito de extorsión y sentar las bases de una ley general que unifique su tipificación y sanción en todo el país.
Con el voto a favor de todas las bancadas, el Pleno coincidió en que la extorsión es uno de los delitos de mayor crecimiento y de los principales mecanismos de financiamiento del crimen organizado. La reforma pasará ahora a los Congresos estatales para su discusión; de ser avalada por la mayoría, será publicada en el Diario Oficial de la Federación.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Inzunza (Morena), subrayó que la reforma permitirá expedir una ley que cierre vacíos legales y garantice la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión bajo un modelo homogéneo. Afirmó Inzunza:
“La extorsión la padece todo México. Es un delito en crecimiento que se adapta a las nuevas tecnologías. Esta reforma pone en el centro el bienestar y la paz de millones de mexicanos”.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña (Morena), alertó que este delito se ha convertido en una amenaza cotidiana contra la paz pública y el patrimonio de la población. Recordó que en enero de 2025 se registró un promedio de casi 30 casos diarios, un aumento del 57 % en seis años, con un impacto económico superior a 124 mil millones de pesos —0.51 % del PIB—.
Luis Donaldo Colosio (Movimiento Ciudadano) enfatizó que en 2015 se registraron 400 carpetas de investigación por extorsión, mientras que en 2025 ya suman 850. Además, señaló que menos del 1 % de los casos se denuncian. Sostuvó Colosio:
“No se trata de invadir esferas estatales, sino de que todos tengamos un bien común: combatir la extorsión. No podemos dejar solas a las fiscalías y a los estados frente a un delito que los ha rebasado”.
Carolina Viggiano (PRI) coincidió en que el 97 % de los casos permanecen en la llamada “cifra negra” y que miles de mexicanos viven con miedo de contestar una llamada o abrir un negocio por temor a ser víctimas.
La reforma establece que, una vez ratificada por la mayoría de los congresos locales, el Congreso de la Unión tendrá un plazo máximo de 180 días para expedir la nueva ley general contra la extorsión. Mientras tanto, continuarán vigentes las disposiciones actuales federales y estatales en la materia.
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