Ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum propuso replantear el esquema de arbitraje internacional para impedir que sea utilizado como mecanismo de presión económica contra los gobiernos.
Durante su conferencia matutina, señaló que el objetivo no es eliminar estos mecanismos, sino evitar litigios especulativos y montos desproporcionados que limiten la capacidad regulatoria de los Estados.
La Secretaría de Economía llevará la propuesta a la mesa de negociación del tratado con la intención de equilibrar la protección a la inversión extranjera con la defensa del interés público.
Boom de demandas y presión sobre políticas públicas
El planteamiento ocurre en un contexto de crecimiento acelerado de litigios inversionista-Estado (ISDS).
En los últimos tres meses, compañías trasnacionales interpusieron 12 nuevas demandas contra gobiernos de nueve países de América Latina: México, Colombia, Honduras, Paraguay, El Salvador, Perú, Venezuela, Costa Rica y Panamá.
De acuerdo con el Transnational Institute (TNI), en lo que va de 2025 ya suman 16 demandas en la región, que acumula 415 casos históricos, convirtiéndose en la segunda zona del mundo con mayor número de litigios contra Estados.
Entre los demandantes figuran corporaciones estadounidenses, francesas, portuguesas y mineras canadienses, que actúan amparadas en cláusulas de tratados de libre comercio o acuerdos bilaterales de inversión.
Según la investigadora Bettina Müller, la cifra es inusual: en el trimestre anterior solo hubo tres o cuatro demandas.
Muchas de estas controversias derivan de decisiones soberanas como:
- suspensión de concesiones mineras por daño ambiental o protestas sociales
- nacionalización o control estratégico de recursos como el litio
- regulación de tarifas de electricidad, gas o agua
- investigación de sobrecostos en infraestructura
- nuevos esquemas fiscales para grandes corporaciones
“Hay algunos Estados que están intentando ampliar su margen soberano y eso no gusta”, señaló la especialista.
Los centros de arbitraje —en particular el CIADI del Banco Mundial— permiten a inversionistas demandar directamente a los países, sin reciprocidad jurídica para los Estados. Según el TNI, en la mayoría de los casos los laudos benefician a los inversores mediante compensaciones millonarias o acuerdos que restauran condiciones de ganancia privada.
Minería, energía y soberanía en disputa
Varias de las demandas recientes están vinculadas a recursos naturales.
En México, herederos del empresario Ian Colin Orr-Ewing y la minera Bacanora litigan tras la declaración del litio como mineral estratégico.
Panamá enfrenta reclamos por el cierre de la mina Cobre Panamá tras protestas sociales.
En Venezuela, una subsidiaria de Gold Reserve reclama más de 7 mil millones de dólares por la revocación de derechos de explotación minera.
También existen controversias por la expropiación de una planta de hidrógeno de Air Liquide en México.
El TNI sostiene que las empresas utilizan el arbitraje para aumentar presión en negociaciones con los gobiernos.
De tribunales de inversión a disputas territoriales
La discusión planteada por México revive un cuestionamiento histórico sobre el papel de tribunales internacionales en decisiones soberanas.
En 1931, un arbitraje internacional otorgó a Francia la Isla Clipperton, territorio reclamado por México desde el siglo XIX.
En 1899, otro laudo internacional entregó a Gran Bretaña el territorio de la Guayana Esequiba, hoy en disputa entre Venezuela y Guyana.
Ambos fallos han sido considerados por diversos historiadores como ejemplos de decisiones jurídicas tomadas bajo relaciones de poder coloniales.
La revisión del T-MEC
El gobierno mexicano sostiene que el comercio regional debe mantenerse, pero con reglas que impidan que los mecanismos de solución de controversias funcionen como tribunales supranacionales capaces de condicionar políticas públicas.
La propuesta abre un debate mayor: si el arbitraje internacional debe limitarse a proteger inversiones o si requiere redefinirse para no convertirse en una herramienta de presión económica sobre decisiones soberanas.
