El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, defendió de forma categórica la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, señalando que esta medida no afectará a la ciudadanía honesta, sino que está dirigida a limitar abusos por parte de quienes utilizan el recurso legal para evadir la justicia o retrasar procesos.
En entrevista radiofónica, Zaldívar explicó que los únicos sectores que deberían sentirse inquietos ante la modificación legal son los delincuentes, defraudadores fiscales y lavadores de dinero, quienes históricamente han aprovechado vacíos legales para alargar juicios o evitar sanciones. Según el funcionario, la ciudadanía en general será beneficiada, ya que la reforma pretende facilitar el acceso a este recurso y hacerlo más accesible, incluso a través de la digitalización.
Zaldívar también recordó que el juicio de amparo ha sufrido ajustes en el pasado para corregir excesos, como en el caso de establecimientos irregulares o deudores alimentarios que se amparaban para evitar sanciones. En este contexto, aclaró que la reforma actual no responde a un caso específico ni está dirigida a una persona en particular, haciendo referencia indirecta al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha sido señalado en diversas ocasiones por el uso extensivo de amparos.
Aunque no lo mencionó directamente, el funcionario sugirió que existen diversos casos similares al del dueño de TV Azteca, en los que se manipulan los tiempos legales mediante recursos de amparo, lo que impide que los procesos avancen con normalidad. En este sentido, subrayó que la reforma busca frenar prácticas dilatorias que afectan la impartición de justicia.
Asimismo, el exministro de la Suprema Corte afirmó que no hay nada extraordinario en la propuesta, sino que se trata de una adecuación necesaria a las condiciones actuales del sistema judicial mexicano. Reiteró que los únicos que podrían verse perjudicados por este cambio son aquellos abogados y despachos que han hecho del amparo un mecanismo para prolongar indefinidamente los litigios.
Finalmente, Zaldívar enmarcó esta reforma dentro de una estrategia más amplia que contempla una transformación profunda del Poder Judicial, con el fin de garantizar un acceso más simple, rápido y justo a los mecanismos de defensa constitucional.
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