28 de julio de 2025 – Un grito de auxilio resonó hoy a lo largo de la República Mexicana, proveniente de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, donde líderes y activistas alzaron la voz para denunciar una cruda realidad que lacera a las comunidades originarias: la violencia sexual que sufren las niñas indígenas. La jornada estuvo marcada por revelaciones desgarradoras y la exigencia de acciones contundentes por parte del Estado mexicano.
La denuncia central de la asamblea fue clara y contundente: la violencia sexual contra las niñas indígenas no es un fenómeno aislado, sino una problemática sistémica con raíces en la propia institucionalidad. Las ponentes detallaron cómo la falta de acceso a la justicia, la discriminación en los sistemas legales y de salud, la impunidad y la revictimización perpetúan un ciclo de abuso que deja a las menores en una situación de extrema vulnerabilidad. Se señaló que las barreras lingüísticas y culturales, sumadas a la lejanía geográfica de muchas comunidades, impiden que las víctimas puedan denunciar y recibir la atención adecuada, consolidando un entorno donde los agresores operan con impunidad.
Impactante realidad: Maternidad infantil forzada y fallas en la protección
Uno de los datos más impactantes presentados en la asamblea fue la escalofriante cifra de 30 niñas indígenas, con edades comprendidas entre los 10 y 12 años, que se convirtieron en madres durante el año 2024. Por otro lado, reclamaron que algunos de los varones que las embarazaron alcanzan la edad de 65, SESENTA Y CINCO AÑOS, quienes, sin mayor repercusión judicial, se pasean por las comunidades con la mayor impunidad.
Esta estadística no solo subraya la magnitud de la violencia sexual, sino que también expone las profundas fallas en la protección de la infancia y los derechos reproductivos de estas menores. La maternidad forzada a tan temprana edad trunca sus vidas, las condena a un futuro de mayores carencias y perpetúa ciclos de pobreza y exclusión, además de representar un grave riesgo para su salud física y mental.
Las mujeres indígenas de la asamblea enfatizaron que esta situación es una violación flagrante de los derechos humanos de las niñas y un reflejo de la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos originarios. Se preguntaron cuál es el sentido de que 2024 haya sido declarado Año de la Mujer Indígena, mientras las niñas y adolescentes indígenas son condenadas a parir en las peores condiciones de abandono y sin ningún auxilio por parte de la autoridad sanitaria.
En ese tenor, exigieron la implementación de políticas públicas con perspectiva de género e interculturalidad, que incluyan programas de prevención, atención integral a las víctimas, acceso efectivo a la justicia y la erradicación de la impunidad. La urgencia de visibilizar esta problemática y de actuar de manera coordinada entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil se mantiene como una de las principales exigencias de la asamblea.
