Una operación conjunta entre autoridades municipales, estatales y la Secretaría de Marina permitió el aseguramiento de una bodega que funcionaba como centro de monitoreo clandestino, presuntamente vinculado a actos de corrupción y desvío de recursos públicos relacionados con el Proyecto Jaguar II, un programa de modernización del sistema de videovigilancia C4 implementado por la anterior administración municipal.
El inmueble, ubicado en la colonia Venta de Carpio, operaba bajo la razón social “Zavoli Conversiones de Autos a Gas Natural”, y en apariencia ofrecía servicios de conversión vehicular. Sin embargo, al interior se halló un sofisticado sistema tecnológico valuado en más de 20 millones de pesos, que incluía antenas dipolo, fibra óptica, cámaras de videovigilancia, servidores y módulos de red, lo que reveló la existencia de un centro alterno de control y vigilancia con capacidad técnica avanzada.
Las primeras indagatorias apuntan a que este centro ilegal intervenía la señal del sistema municipal C4, con lo que habría operado desde 2023 en paralelo al sistema oficial. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que encabezó el cateo a través de su Grupo de Asuntos Especiales, investiga si este operativo formaba parte de una red más amplia dedicada a la intervención de comunicaciones y el uso indebido de recursos públicos.
La intervención se realizó tras una denuncia penal interpuesta por el ayuntamiento de Ecatepec, en la que se señalaron posibles actos de corrupción ligados al manejo irregular de recursos del Proyecto Jaguar II, destinado originalmente a modernizar el sistema de videovigilancia de la demarcación.
Hasta el momento no se han reportado detenidos, pero se presume que los operadores del centro clandestino lograron huir al detectar el operativo gracias a los propios sistemas que controlaban. La Fiscalía mexiquense continúa con los peritajes para determinar el alcance de la operación y los delitos que podrían configurarse, entre ellos la intervención ilegal de comunicaciones, peculado, uso indebido de funciones públicas y, de confirmarse la existencia de una red, delincuencia organizada.
El predio fue asegurado por las autoridades y permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones que podrían derivar en responsabilidades penales contra exfuncionarios o particulares implicados en este presunto esquema de corrupción tecnológica.
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